El intendente metropolitano, Fernando Echeverría, anunció la presentación de acciones legales tras los incidentes de violencia ocurridos durante la marcha efectuada ayer viernes en el centro de la capital, que reunió a más de 40 mil personas, quienes se expresaron contra el proyecto hidroeléctrico HidroAysén.
El jefe regional puntualizó que «el balance es lamentable, se nos había prometido hacer una marcha pacífica y terminamos con 22 carabineros lesionados, dos de ellos graves; con daños a la propiedad pública y privada, por lo que estamos iniciando el estudio de las querellas. Creemos que hay gente que pretende imponer ideas a través de la violencia, a la que no basta la institucionalidad».
Este sábado se concretó la primera acción legal, mediante una querella contra 2 imputados, quienes serán formalizados por los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones sucedidas en el centro de Santiago el dìa de ayer.
Posteriormente, este lunes, la Intendencia Metropolitana presentará una querella criminal contra 4 imputados detenidos y formalizados por el delito de desórdenes graves.
Asimismo, la entidad presentará querella en contra de quienes resulten responsables de desórdenes graves y cualquier otro delito que resulte de la investigación, aportando para la investigación grabaciones en los que se muestran los actos delictivos.
El intendente Echeverría, recordó la voluntad para la autorización de la actividad, convocada por el movimiento Acción Ecológica. «Accedimos a facilitar la Avenida Alameda, ante las promesas de que sería una marcha pacífica, donde los organizadores iban a tener un grupo de seguridad, situación que no cumplieron», explicó.
Respecto a la violencia contra la fuerza pública, la autoridad expresó que «consta además que ayer Carabineros tuvo mucha paciencia, para luego ser atacados alevosamente. Hay registros de cámaras que constataron esto, así que vamos a seguir todas las acciones legales que correspondan contra los responsables de estos desmanes».
Finalmente, el jefe regional expresó que se revisarán las futuras autorizaciones, ante la capacidad de los convocantes de controlar a quienes participan de estas instancias.
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