La presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Andrea Molina (UDI) acusó que la empresa Río Corriente S.A. presentó «una serie de recursos administrativos para impedir y retardar un eventual rechazo de su proyecto de la Central Termoeléctrica RC Generación, que se emplazará en la zona saturada de Puchuncaví».
«Esto se hace ad portas y como una medida desesperada, frente a la posibilidad de que el proyecto sea calificado con un rechazo por parte de la Comisión de Evaluación de la Corema de la Quinta Región», agregó la parlamentaria.
Frente a esto, la legisladora del gremialismo expresó que «sorprende la actitud de la empresa, porque los recursos que mañosamente interpone nunca habían sido utilizados por titulares de empresas y que no proceden en un sistema regulado bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que tiene su propio procedimiento».
Molina añadió que «esta batería de recursos fueron presentados ante las distintas autoridades que se habían declarado inconformes con el proyecto, insistiendo en que el proyecto es viable, en circunstancias que no presentaron debidamente las compensaciones de SO2 y PM 10 adecuadas, tal cual lo ha señalado el SAG, y las áreas de salud y medio ambiente respectivamente».
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