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Grupo Pro Transparencia fijó su ámbito de acción para este año

por 30 mayo 2011

El Grupo Parlamentario Pro Transparencia, integrado por un conjunto de parlamentarios de todos los sectores políticos, entregó las claves de lo que será su ámbito de acción para este 2011, con el envío de dos mociones que pretenden, a juicio del senador Hernán Larraín (UDI), "que la Transparencia en Chile sea una realidad y no sólo un ideal".

Larraín, quien preside la instancia, expresó que el Grupo Pro Transparencia "busca potenciar todas las iniciativas de ley que se estén tramitando en el Parlamento, reaccionar cuando ellas vayan en un sentido contrario y profundizar en iniciativas que sobre esta materia se pudieran desarrollar. Tenemos la convicción que la principal modernización que el Estado puede hacer pasa por una mayor transparencia y el acceso a la información pública".

En esa línea se inscriben dos mociones patrocinadas por los senadores miembros del Grupo: Hernán Larraín, Isabel Allende, Soledad Alvear, Lily Pérez, Víctor Pérez y Eugenio Tuma y que establece la obligación de rendir cuentas públicas anuales a los órganos de la Administración del Estado.

Así como la iniciativa impulsada por los diputados Jorge Burgos; Edmundo Eluchans, Felipe Harboe, Cristián Monckeberg, Marcelo Díaz, Alberto Cardemil y Andrea Molina y que modifica la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, potenciando la acción del Consejo para la Transparencia.

Con estas mociones, "se va marcando un hito de trabajo que esperamos no solamente circunscriba la acción en el Congreso sino que esperamos tenga efectos en el ámbito político nacional y nos integremos a las redes internacionales que hay de fomento a la Transparencia", dijo el senador UDI.

Agregó que "esperamos hacer cambios de hábito porque la transparencia es quizás hoy la mayor necesidad para evitar corrupción y lograr mayor participación ciudadana. Se trata de un paso positivo, es un hito que esperamos tendrá efectos en el ámbito político y nacional donde el Congreso ha tomado la iniciativa".

En tanto, el senador Eugenio Tuma (PPD), miembro del Grupo Pro Transparencia, destacó el origen transversal de estas mociones, "donde participaron parlamentarios de todas los sectores políticos y que tienen como finalidad entregar a los ciudadanos toda la información que existe en el ámbito público."

Aseveró que "estas iniciativas tienen que ver en cómo prestigiamos a los servidores públicos y transparentamos lo que hacen las instituciones públicos".

El primer proyecto, obliga a que la rendición de cuentas de los órganos del Estado sea completa e incorpore antecedentes de todo tipo, tales como, financieros y de funcionamiento.

Asimismo, perfecciona los plazos y contenidos específicos que entregan dichos órganos de modo que esta rendición tenga un grado de estandarización mínima para que todos puedan conocer.

De este modo, aspira a que los servicios públicos, de manera proactiva, evalúen el cumplimiento de sus metas institucionales, de los avances y retrocesos en las funciones encomendadas y que efectúen un balance de la gestión de cada una de sus divisiones departamentos y unidades.

Además apunta a que estos organismos verifiquen si su ejecución presupuestaria cumplió con los niveles de eficiencia y eficacia exigidos e informen de todo ello en un documento con elementos comunes al resto de los servicios públicos, para facilitar su análisis comparativo.

Para asegurar la difusión de esta cuenta pública la moción propone una audiencia pública en el periodo estipulado, su remisión al Presidente de la República y al Congreso Nacional y la publicación del mismo dentro de las obligaciones de transparencia activa en la página web del servicio respectivo.

En tanto, la segunda iniciativa modifica la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública con el fin de perfeccionar las falencias o debilidades de dicha norma y, asimismo, reforzar la institucionalidad que regula el Consejo para la Transparencia, teniendo presente que la iniciativa parlamentaria es restringida en este ámbito.

Aclara y profundiza, entre otros, los deberes de transparencia activa que pesan sobre los órganos públicos y también establece como obligatoria la publicación de las declaraciones de patrimonio e intereses. Esto, debido que hasta el momento, constituía sólo una recomendación o buena práctica en virtud de la Instrucción General N°4 del Consejo para la Transparencia.

El texto legal, también faculta a dicho Consejo a promover instancias de solución alternativas de resolución de conflictos entre los servicios públicos que denegaron o no respondieron la información y el solicitante.

Además, amplía los tipos de sanciones, e incluye la censura, multa y suspensión, en caso que se incumplan algunas obligaciones en que la Ley de Transparencia no lo establecía.

upi/so//

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