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Bancada socialista acusa al Gobierno de ‘paralizar’ proyecto de posnatal


La bancada de diputados del Partido Socialista (PS), encabezada por el jefe de los legisladores, Alfonso De Urresti y el titular de la colectividad, Osvaldo Andrade, criticaron este miércoles la actitud del Ejecutivo frente al proyecto de ley sobre posnatal.

El subjefe de la bancada, Juan Luis Castro, denunció que el Gobierno ha «paralizado» su agenda social debido a que dos de sus proyectos más emblemáticos, el posnatal y el descuento del siete por ciento de cotización a los jubilados, han perdido la urgencia de su tramitación.

«Por ello, emplazamos al Gobierno a que si la agenda social existía para el 21 de mayo, al parecer hoy, diez días después, ya no existe esa agenda social y sobre todo, tenemos la convicción de que nuestros equipos técnicos ganaran en el TC y permitiremos que todas las madres tengan un posnatal universal, sin límite de ingreso», dijo.

Por su parte, el diputado Andrade afirmó que «esta no es una discusión técnica, sino política y frente a ello preguntamos: ¿El Gobierno quiere que exista pre y posnatal para las mujeres? Si es así que lo diga y comience a tramitar su proyecto».

A juicio de Andrade, la decisión del Ejecutivo de recurrir al TC «es una argucia para soslayar un problema de fondo y es que el Gobierno no quiere que las mujeres trabajadoras tengan un derecho universal al pre y posnatal».

Sobre este tema, el diputado Marcelo Schilling dijo que la decisión de llevar el proyecto al TC «no es más que una manera de escamotear el derecho universal que tienen los niños, independiente de su origen y condición, que es el derecho al cuidado, nutrición y cariño materno».

Recordó que cuando el Senado rechazó un artículo de la ley que suponía un gasto por parte del Gobierno -lo cual, estuvo dentro de las facultades y prerrogativas de los senadores- el Senado no aumentó dicho gasto al rechazarlo y aclaró que en esa situación debían operar otras leyes vigentes, que son las que deben resolver el problema del financiamiento.

«Por lo tanto, no hay ninguna inconstitucionalidad, salvo que el Gobierno derogue las leyes que lo obligan a cumplir con estos gastos, como está establecido en las actuales leyes», dijo Schilling.

upi/so

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