Los ministerios del área social obtuvieron los peores resultados en un estudio sobre capacidad de respuesta en los diversos organismos de la administración del Estado, diseñado por el Consejo para la Transparencia.
La primera evaluación del Derecho de Acceso a la Información Pública consistió en realizar a través de la lógica de «cliente oculto» solicitudes a distintas entidades públicas, para efectos de evaluar su capacidad de respuesta.
De las 44 peticiones originalmente realizadas, cinco (el 11%) no pudieron ser ingresadas por los solicitantes y otras seis (14%) no tuvieron respuesta tras cumplirse el plazo legal de 20 días hábiles que tiene el servicio, lo que representa un 25% de fracaso.
Según el sector de los servicios y ministerios evaluados, los resultados fueron los siguientes: área económica (buen desempeño); política (regular) y social (deficiente).
De acuerdo a lo informado por el Consejo para la Transparencia, esto último es «especialmente preocupante» considerando que a nivel global, de las poco más de 70 mil solicitudes que ha recibido la administración central de gobierno, desde abril de 2009, el 47,17% se han realizado a los ministerios sociales.
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