Tras los desórdenes ocurridos durante la marcha estudiantil de ayer jueves, la Intendencia Metropolitana presentó hoy tres querellas criminales contra ocho menores en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El objetivo de esta acción es perseguir la responsabilidad penal que tendrían las personas en los hechos ocurridos al final de la manifestación, que incluyó el saqueo de un local de la de telefonía celular Claro, ubicado en Alameda.
El intendente Fernando Echeverría destacó que «lo más grave de todo esto es que todas estas acciones legales van dirigidas contra menores de edad, y es por eso que reiteramos nuestro llamado a las familias a que asuman también su responsabilidad en estos hechos».
Agregó que a estas acciones legales se sumarán otras nuevas en las próximas horas, una vez que se recaben más antecedentes de las causales de detención.
«Queremos marchas pacíficas, eso es lo que corresponde en democracia, pero también es nuestra función como Gobierno pedir una sanción penal a todos aquellos que sólo buscan la violencia para dañar a otras personas o causar destrozos a la propiedad pública y privada», puntualizó el jefe regional.
Las dos primeras denuncias, que fueron ingresadas por abogados del Programa de Seguridad y Orden Público de la Intendencia, fueron dirigidas contra los menores de edad de iniciales C.G.M., J.G.C., F.C.U., V.S.C. y M.P.F., bajo el delito de desórdenes graves, ya que fueron sorprendidos por Carabineros arrojando objetos contundentes hacia el personal policial apostado en el lugar, además de destrozar locales comerciales y mobiliario urbano de la Alameda.
La tercera acción judicial corresponde al delito de robo en lugar no habitado, y fue presentada contra tres alumnas de un colegio capitalino, quienes fueron individualizadas como E.V.A., D.A.V. y Y.H.A., las que fueron retenidas por fuerzas especiales en calle San Martín portando una pantalla de computador de la empresa Claro, firma cuyo local en Alameda había sufrido un violento ingreso de unas 20 personas que descerrajaron la puerta metálica para sustraer especies.
En este último caso, la Intendencia solicitó al tribunal que se cite a declarar a los guardias de seguridad y trabajadores de la sucursal afectada, además que se practique peritaje a las cámaras y videos de seguridad del local, a fin de poder individualizar a otras personas que hayan podido estar involucradas en este delito
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