Los parlamentarios y organizaciones ambientalistas que presentaron los recursos de protección en contra de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental por Hidroaysén, celebraron el fallo de la Corte de Puerto Montt en cuanto a la Orden de No Innovar en el megaproyecto.
En esa línea aseguraron además que confían, amparados en los argumentos y documentos que presentaron, que la justicia mantendrá su decisión respecto al criticado proyecto eléctrico.
«Vamos a esperar el fallo en el fondo, porque estamos convencidos de nuestros argumentos, son muy de peso y estamos demostrando que existen irregularidades muy graves», aseguró Patricio Rodrigo, presidente del Consejo de Defensa de la Patagonia.
En el mismo ánimo, el diputado que participó del requerimiento Patricio Vallespín (DC), aseguró que los argumentos de la presentación demuestran que no hubo antecedentes suficientes para tomar esta decisión y que además la competencia de muchas instituciones que tenían que aprobar, «no fueron ejercidas a plenitud».
«La resolución de la comisión ambiental que aprobó el proyecto es arbitraria e ilegal, porque las instituciones que aprobaron no tenían los contenidos mínimos necesarios para dar la aprobación», añadió.
En tanto el respresentante de la Región de Aysén del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Segura, apuntó hacia el seremi de Vivienda, quien habría tenido un evidente conflicto de interés al momento de la evaluación.
«El seremi de Vivienda no informó en su momento que su hermano, jefe de gabinete de la Subdere, tiene terrenos en el área de inundación del proyecto Hidroaysén y tenía que haberse inhabilitado», denunció.
Finalmente, el Presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), criticó que «habíamos tenido una institucionalidad ambiental absolutamente parcial, un ‘árbitro saquero’, porque esa institucionalidad tenía que resolver un conflicto muy importante para Chile y con equidad. Pero lo resolvieron con las cartas marcadas, favoreciendo a la parte empresarial».
upi/so
