El senador Fulvio Rossi (PS), exigió al Gobierno que formalice su molestia frente a la normativa del ejecutivo boliviano que permite legalizar vehículos, ya que muchos de estos ingresan en contrabando producto de robos cometidos en Iquique y Arica.
El legislador precisó que la Cancillería debiese protestar formalmente aplicando los mecanismos contenidos en los Acuerdos de Complementación Comercial, aduanera y de seguridad existente entre Chile y Bolivia.
«Asimismo se debería solicitar el pronunciamiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre esta controversia y, de esta manera, impedir la aplicación de la Ley 133 por ser contraria al Acuerdo de Complementarios Económica N° 22 de 1993 y al Acuerdo 14-99 que establece el Plan General de Cooperación y Coordinación recíproca para la Seguridad Regional, firmado en Montevideo en diciembre de 1999», puntualizó Rossi.
El senador de Tarapacá y Arica y Parinacota señaló que con esta Ley, el Gobierno boliviano avala las prácticas de robo y contrabando desarrolladas por organizaciones criminales a ambos lados de la frontera.
De hecho, agregó Rossi, la mayoría de los autos ilegales que llegan a Bolivia y que se acogerán a la regularizacion, son robados en Chile o sacados de contrabando, tras ser adquiridos en la ZOFRI.
«De acuerdo a cifras oficiales, desde el enero a mayo del presente año, el robo de vehículos en la zona limítrofe con Bolivia ha aumentado en un 30 por ciento, llegando a 515 autos, de los cuales sólo se han recuperado 255», dijo el legislador de oposición.
Hechos como estos tomaron mayor relevancia luego que una de las dos camionetas con patente chilena con que ingresaron ilegalmente al país los 14 militares bolivianos la semana pasada, tenía orden de sustracción.
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