Tras la denuncia presentada este jueves ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por los diputados PPD Felipe Harboe y Tucapel Jiménez, de un nuevo caso de repactación unilateral, esta vez de la tarjeta Presto, la compañía salió al paso de esta acusación, asegurando que su política «es no realizar repactaciones sin el consentimiento de sus clientes y sin el abono de un pago inicial».
A través de un comunicado, la empresa aclaró que «nuestras políticas de cobranza están diseñadas sobre la base de procesos simples, transparentes y eficientes, con apego a la ley y con una fuerte cultura del cumplimiento normativo».
«Nuestra compañía ha realizado un fuerte y prolijo trabajo en el área crediticia y de riesgo, con equipos de la más alta competencia, con el objeto de fortalecer los servicios financieros, de mantener una cartera sana, con un nivel muy alto de provisión para este tipo de operaciones», agrega.
En relación a la denuncia de los parlamentarios que dieron a conocer el caso de Eduardo Conejeros, quien dice ser uno de los afectados por cobros abusivos. Según su versión en casi dos años pasó de tener una deuda de $900.000 a $5.200.000, producto de la repactación de la deuda por parte de la empresa a la cual él nunca accedió.
Al respecto, Presto asegura que se encuentra analizando el caso puntual presentado hoy. «La cifra de $900.000 a la cual se ha hecho referencia corresponde al monto facturado al cliente para el mes de mayo de 2008, pero su deuda total en junio de 2008 alcanzaba aproximadamente $3.600.000, originada en operaciones efectuadas desde antes de ese año».
«Hasta el momento se ha podido determinar que el cliente realizó siete renegociaciones consentidas, seis de ellas efectuadas antes de 2009 y una última realizada en 2010», sostiene.
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