La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado votará el próximo martes una iniciativa que señala que las empresas que de alguna forma entreguen algún tipo de compensación a organizaciones, comunidades o municipios, deben informar plenamente de esto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
El senador UDI Pablo Longueira indicó que «adicionalmente aquellos que no lo hagan se van a ver expuestos a una multa de acuerdo a una cierta proporcionalidad del proyecto».
El parlamentario gremialista indicó que el proyecto original establecía multas de mil UTM, destacando que «hay proyectos que son de una envergadura muy relevante y pueden no cumplir esta norma e incorporan al costo del proyecto el hecho de pagar la multa. Por lo tanto, vamos a buscar un mecanismo que permita que nadie que llegue a una transacción con alguien donde quiere desarrollar un proyecto, no sea informado al sistema de evaluación ambiental».
En tanto, la senadora Isabel Allende recordó que la iniciativa -que presentó junto al senador Juan Pablo Letelier- apunta a que «mientras un proyecto esté en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las proposiciones de tipo económico, pecuniario o compensaciones, tienen que darse a conocer y si no es así, tiene que haber una sanción».
Allende señaló que «habíamos puesto una sanción bastante drástica, incluso de que el proyecto quedase descartado, pero ahora vamos a hacer, por acuerdo de todos los miembros, una indicación para establecer una graduación, para que no partamos anulando el proyecto».
Longueira y la senadora Allende se refirieron al tema al informar que en forma unánime la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales aprobó el proyecto de acuerdo que ratifica la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos, que fue aprobada el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Frente a este tema, Longueira explicó que «éste es un Convenio que han suscrito alrededor de 100 países en el mundo y esperamos ratificarlo lo antes posible. Establece la forma en que se tienen que tratar todos los residuos radioactivos y también los combustibles gastados que se usan en Chile, principalmente por razones médicas en el reactor que hay en La Reina. No hay otro lugar en Chile donde se usen combustibles gastados».
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