El diputado Alberto Robles (PRSD) criticó la designación de dos nuevos senadores en el gabinete del Presidente Sebastián Piñera, afirmando que con esta medida quedó en evidencia la falta de personeros con un adecuado perfil político en la derecha y su poco respeto por la voluntad ciudadana.
El parlamentario manifestó que tener que recurrir por segunda vez en menos de seis meses al Parlamento para conformar el gabinete presidencial, demuestra que «la Alianza por Chile no tiene personas con capacidades políticas y técnicas que puedan asumir cargos de relevancia».
Además, Robles agregó que esta medida muestra «una mirada de poco respeto a la ciudadanía dado que personas electas por la gente asumen cargos de designación por el Presidente, y personas que nunca han representado a las regiones y que han sido designadas a dedo por sus partidos van a asumir como senadores».
No obstante, el legislador manifestó su confianza que tanto Pablo Longueira como Andrés Chadwick den un peso político mayor al gabinete. En el caso del primero, espera que realice una buena labor en la cartera de Economía, especialmente, en áreas tan importantes para la región de Atacama, a la que representa, como turismo, pesca y el impulso de las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, el parlamentario criticó «los premios de consuelo» entregados por el Presidente Piñera, tanto al ex ministro de Educación Joaquín Lavín, a quien trasladó a Mideplan; y al ex ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, designado en Minería.
En ambos casos rechazó el uso de la «silla musical» tan criticada en el pasado, afirmando que si un secretario de Estado lo hizo mal en su cartera, no es conveniente que se lo envíe a otra, sobre todo en el caso de Educación, donde, según el parlamentario, fue evidente el mal manejo de Lavín.
En este sentido, Robles dijo desconocer si el actual ministro de Educación Felipe Bulnes tiene la expertiz necesaria para abordar el grave conflicto que existe en el sector y si tiene la voluntad y capacidad para avanzar hacia un rol más fuerte del Estado en materia de educación, estableciendo una educación gratuita, laica y de calidad que demanda la ciudadanía.
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