El vocero de los presidentes de los partidos de la Concertación, senador Ignacio Walker (DC), declaró no saber «en qué consiste» el llamado «segundo tiempo» del Gobierno que se anunció tras el cambio de gabinete y que marcaría un cambio en las relaciones con la oposición.
«Todo lo que hemos visto es anuncios de un segundo tiempo, no sabemos en qué consiste. Al Gobierno le pedimos que gobierne, lo hemos dicho reiteradamente; demás está decir que estamos disponibles al diálogo, eso es casi redundante; pero queremos saber en qué consiste este segundo tiempo, más allá del anuncio rimbombante, la puesta en escena y la parafernalia mediática», denunció.
El timonel DC, en compañía de los presidentes del PS, Osvaldo Andrade; del PPD, Carolina Tohá y del PRSD, José Antonio Gómez, planteó que para lograr acuerdos y entendimientos, se requiere, en primer lugar, una agenda política, social y laboral.
«No hay ningún posible entendimiento si no pasa por una agenda que considere por ejemplo la sustitución del sistema binominal, por un sistema de representación proporcional», planteó.
Junto a esto, Walker indicó que también debe haber «un nuevo pacto fiscal que establezca una reforma tributaria que permita financiar ese enorme esfuerzo social».
«Queremos una agenda social, política y laboral que se haga cargo del tema fundamental que está expresado en el movimiento social, como es el tema de la desigualdad social», sintetizó el dirigente democratacristiano.
Además, Walker destacó la conformación de grupos de trabajo que el conglomerado está alistando para trabajar en propuestas para la educación.
El primero de estos estará encargado de «implementar los acuerdos que hemos logrado no sólo sobre educación superior en nuestra última declaración, si no (…) sobre educación básica y media, que es nuestra carta de navegación».
La segunda medida consiste en dos equipos: uno a cargo de formular propuestas para la institucionalidad pública para educación básica y media; y otro, compuesto de asesores constitucionalistas, para esbozar una reforma constitucional que garantice la educación como bien público, derecho humano fundamental y derecho social.
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