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Designan fiscal para investigar denuncia de presuntas escuchas telefónicas (Ampliación)


El fiscal nacional Sabas Chahuán designó al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, para investigar las denuncias sobre supuestas escuchas telefónicas ilegales efectuadas a parlamentarios por parte de Carabineros.

El jefe del Ministerio Público se reunió este martes con el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, a quien le comunicó su decisión de llegar hasta el fondo de las denuncias realizadas por el sargento en retiro, Esteban Infante, quien la semana pasada aseguró ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara que la Dipolcar realizaba interceptaciones a los teléfonos de al menos cinco diputados y dos senadores.

«Yo he designado al fiscal regional de Valparaíso para que lleve adelante la investigación y ejerciera la acción penal, en el evento de que esto fuera cierto esperamos que sea lo más rápido posible la investigación y que esa rapidez no signifique liviandad o frivolidad», afirmó Chahuán.

El fiscal nacional se mostró dispuesto a ser investigado en el marco de estas denuncias, luego que tres diputados Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló, advirtieran que el persecutor penal conocía sobre las escuchas.

«No corresponde mucho menos en contra de Carabineros realizar acusaciones, hacer afirmaciones sin pruebas», explicó.

El diputado Melero si bien afirmó que estos hechos debían ser investigados, desconoció hasta el momento tener antecedentes para acreditar la credibilidad de la denuncia.

Respecto al tema los diputados Guillermo Teillier (PC), Hugo Gutiérrez (PC) y Sergio Aguiló (Ind) presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables de las presuntas escuchas telefónicas ilegales a parlamentarios.

Además la acción pretende que se investigue la intervención de Carabineros de civil en las manifestaciones populares.

Según explicó Teillier ellos como presuntos afectados pretenden que «estos hechos se aclaren. La ley dice que para intervenir un teléfono en la persecución de un delito debe haber una autorización judicial y si éste fuera el caso, me gustaría saber por qué se acepta hacerlo con parlamentarios. Ojalá que quienes investiguen no sean los propios Carabineros, sino que la PDI», dijo.

En ese marco el legislador anticipó que «la denuncia recibida en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se vio elementos para creer que la denuncia es verídica. Primero porque la denuncia la hace un ex funcionario de 27 años de trayectoria y trabajó en eso. Y segundo porque hay resoluciones de la Corte Suprema donde se establece que hay interceptaciones y ha obligado al fisco a pagarle a los afectados», afirmó.

Asimismo, el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, dijo la semana pasada que el Ejecutivo colaborará en la investigación que lleva sobre esta materia la Cámara de Diputados.

El vocero señaló que «el Gobierno va ayudar íntegra y completamente, a efectos que se puedan esclarecer estos hechos que ha conocido la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Son hechos que necesitan ser esclarecidos y el Gobierno es el principal interesado que ello ocurra».

Chadwick agregó que «el Ejecutivo va a colaborar en todo lo que sea necesario con la investigación que está llevando a cabo la Cámara de Diputados, como en todo lo que sea necesario activamente en las investigaciones de carácter judicial que se realicen».

upi/so//

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