La Fiscalía Nacional anunció que no realizará ningún tipo de sumario administrativo en contra de los fiscales y funcionarios que participaron de la movilización del pasado 17 de agosto, ya que a juicio de la entidad no se paralizó el servicio.
La decisión se informó luego que esta mañana el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, deslizara que la manifestación estaba al borde de la ilegalidad al decir que «el cumplimiento de la ley parte por quienes exigen a las personas el cumplimiento de la ley».
En ese marco el órgano persecutor informó que ese día se envió un oficio desde la Fiscalía Nacional a todas las unidades del país en el que se aclaraba que los funcionarios del Ministerio Público tienen «prohibido por ley realizar paralización de actividades, y esto a nuestro juicio implica , como mínimo, realizar sin interrupción alguna las siguientes tareas: atender a todos los citados, brindar atención al público que vaya a realizar denuncias o solicitar medidas de protección, asumir las audiencias programadas, juicios orales y controles de detención de flagrancia».
Como ejemplo afirmaron desde la Fiscalía Nacional que sólo ese día en la Fiscalía Sur se hicieron 88 audiencias de control de detención, que representa un número similar al de otros días.
Lo mismo ocurre con los fiscales regionales, a quienes se les vio apoyando las manifestaciones durante una hora. Según se informó el Fiscal Regional Metropolitano Oriente Alberto Ayala trabajó nueve horas ese día.
HARBOE: «AMENAZA DE SUMARIOS A FISCALES PONE AL MINISTRO DE JUSTICIA AL BORDE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD»
Como una «intromisión inaceptable» calificó el diputado PPD, Felipe Harboe, las críticas que el Ministro de Justicia Teodoro Ribera realizó a la manifestación realizada por los fiscales del Ministerio Público.
«El Ministerio Público es una entidad autónoma, los fiscales y funcionarios no son empleados de gobierno y deben ser respetados como tales.» El Ministro de Justicia debe leer la constitución y asumir que quien dirige el Ministerio público es el Fiscal Nacional y no el ministro de turno. Su accionar está al borde de la inconstitucionalidad al entrometerse en materias de un órgano autónomo», recalcó Harboe.
El parlamentario por Santiago aseguró que «hace un año y dos meses nos reunimos con la Directora de Presupuestos y le planteamos la grave situación del Ministerio Público, ella nos señaló que una vez recibido el informe del BID se mandaría un proyecto al Congreso con el fortalecimiento necesario. El Informe llegó en Diciembre de 2010 y aún no mandan el proyecto. Los Fiscales siguieron el conducto regular y el gobierno no los escuchó».
«Pedir sumarios por manifestarse -cuando tuvieron el cuidado de no interrumpir las funciones esenciales- constituye una coerción inaceptable del legítimo derecho a manifestar sus demandas cuando por más de un año los han tenido en puras reuniones», afirmó el legislador.
En este sentido, el diputado Harboe dijo que «lo que hay detrás de esta dilación es un intento del gobierno por afectar la autonomía del Ministerio Público y por ello le condiciona la entrega de recursos».
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