El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, emplazó al Poder Judicial a tomar parte de la discusión sobre las libertades que algunos tribunales de garantía han concedido a imputados por delitos como saqueo y atentado a Carabineros.
Esto luego que fuera consultado respecto de la posición del gobierno en torno a las decisiones judiciales.
Según Ribera, si bien el Poder Judicial es independiente «es parte de los poderes del Estado y tiene que hacerse parte de una problemática que es fundamental en el mundo de hoy que es mantener y conservar la autoridad».
«Cuando han sucedido estos hechos causa una conmoción en el país. Y si uno ve que estas personas son dejadas en libertad como si nada uno se pregunta qué tiene que hacer para que asuma su responsabilidad. Tan es así que las Cortes de Apelaciones han modificado la mayoría de esas decisiones», reflexionó.
El secretario de Estado defendió así el proyecto de ley anunciado ayer por el presidente Sebastián Piñera que tipifica el delito de saqueo y propone sanciones más duras para encapuchados y tomas ilegales.
«El proyecto es mucho más integral que pensar solamente en los saqueos. Está pensado en la protección de Carabineros. Tiene por objeto a que quienes van encapuchados a protestas tengan una presunción distinta. Y finalmente el tema del saqueo se le da una figura más específica», explicó el miembro del gabinete.
Ribera advirtió que en esta iniciativa «no tiene nada que ver la manifestación con el saqueo, ni tampoco con el atentado a Carabineros», por lo que descartó que se estén violentando garantías constitucionales a la manifestación.
MAGISTRADOS CALIFICAN DE «ERROR» CRÍTICAS DE PIÑERA A PODER JUDICIAL
La Asociación Nacional de Magistrados calificó como un «error» las críticas vertidas por el Presidente Sebastián Piñera en contra del Poder Judicial y los fiscales, luego de informar del envío, al Parlamento, de un proyecto de ley que tipifica el delito de saqueo y propone endureceer las sanciones contra los encapuchados.
A través de un comunicado el presidente de la entidad gremial, Leopoldo Llanos, aseguró que las palabras del mandatario son «improcedentes por inmiscuirse en las facultades de otro poder público, e infundadas porque la persecución penal de los delitos corresponde a otros órganos del Estado».
«Es un error creer que los jueces actuamos discrecionalmente. Las estadísticas muestran que el número de condenados e imputados cumpliendo prisión preventiva ha aumentado exponencialmente desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, siendo Chile el país con una de las mayores tasas de personas encarceladas de la región, por lo que el término, además de foráneo, no tiene sustento alguno en la realidad», dijo el magistrado.
El sentenciador recordó que el actual sistema procesal penal se basa entre otros principios, en la presunción de inocencia. «El mensaje del texto despachado por el Ejecutivo de la época y aprobado por el Congreso de entonces refiere a un sistema de medidas cautelares en el que la prisión tiene un carácter absolutamente excepcional, más allá de los cambios que el legislador haya introducido con posterioridad a su entrada en vigencia».
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