Por 24 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención el Senado aprobó la idea de legislar el tema del llamado «multirut», subterfugio que utilizan algunas empresas para vulnerar derechos laborales.
Ahora, tanto el Ejecutivo como el Senado tienen dos meses para presentar indicaciones a la moción.
A la sesión asistió la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, quien valoró la acogida transversal que tuvo la iniciativa entre los legisladores.
«Todos hemos estado de acuerdo en solucionar el problema y por eso debemos buscar una fórmula que restablezca los derechos de los trabajadores», agregó Matthei.
En la misma línea, la ministra señaló que la actual situación es grave, porque permite la vulneración de derechos de los trabajadores.
«El que una misma empresa se esconda bajo la fachada de distintos Rut, para no cumplir los derechos laborales, ya sea el derecho a sindicalizarse, el de negociación colectiva, el derecho a la sala cuna, es grave», señaló la autoridad.
La titular de Trabajo señaló también que hay que ser cuidadosos en la forma en cómo la ley va a discriminar entre empresas que usen el multirut como fachada de una misma unidad productiva y las que efectivamente son unidades distintas, pero bajo un mismo dueño.
«Debemos examinar, de forma muy exhaustiva, si distintos Rut se comportan como la misma empresa. Pero con el mismo cuidado debemos establecer la diferencia de quienes, a pesar de tener accionistas en común o mismos dueños, son realmente distintas empresas», señaló la autoridad.
Para ello, explicó, una posible fórmula para resolver esta problemática es que algún tipo de instancia legal, y a petición de las propias partes interesadas, determine si una empresa está o no haciendo abusos del multirut para efectos laborales.
CÓMO FUNCIONA EL MULTIRUT
Las empresas, en función de su tamaño, están obligadas por la ley a otorgar ciertos beneficios a los trabajadores, como sala cuna cuando hay más de 20 trabajadoras.
Sin embargo, algunas se subdividen en una serie de pequeñas empresas, con diferentes razones sociales, de modo tal que ninguna de ellas alcance el número de trabajadores mínimo para poder exigirles las facilidades que la ley les impone, además de dificultar la negociación colectiva, sindicalización y generar un problema jurisdiccional a la hora de establecer responsabilidades en eventuales infracciones a los derechos de los trabajadores, entre otras distorsiones.
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