La integrante de la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, Lily Pérez (RN), tras conocer el estudio dado a conocer por el ministro del ramo, Rodrigo Pérez Mackenna, denunció que hay 3.788 viviendas sociales que han sido asignadas y no están ocupadas, lo que evidencia que no hubo fiscalización en la entrega de subsidios.
La parlamentaria manifestó que «cuando vemos la cantidad de gente que todavía no tiene casa propia, cuando vemos la cantidad de gente que necesita obtener un subsidio para obtener una casa que se va a transformar en un hogar con su familia, esto da pena, porque hay gente que ha sido inescrupulosa, que le entregaron viviendas sociales sin tener necesidad de que fuesen entregadas».
En su opinión, «en esos casos no existió ni focalización, ni tampoco existió la rigurosa fiscalización que debió haber existido. Desde ese punto de vista, lo que ha hecho el ministro es muy importante, porque es desnudar una situación existente».
A su juicio, las medidas que ha anunciado el secretario de Estado para poner coto a esta situación van en la línea correcta. «Lo que ha anunciado el ministro es una gran y exhaustiva fiscalización y focalizar bien y cuando hablamos de eso, es revisar los criterios de entrega de subsidio», sentenció.
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