El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendió la decisión del Gobierno de investigar las presuntas irregularidades detectadas en la calificación de exonerados políticos afirmando que en los gobiernos anteriores hubo negligencia al no investigar estas denuncias.
En el marco de la sesión desarrollada en la Cámara de Diputados para debatir sobre las irregularidades detectadas en la entrega de estos beneficios en 200 casos de exonerados políticos, el secretario de Estado desmintió que el ministerio del Interior esté orquestando una campaña comunicacional en torno a los exonerados, como acusó la diputada Adriana Muñoz (PPD).
«Quiero recordarles que han sido las propias agrupaciones de exonerados y los medios los que han denunciado estos hechos. No hemos sido nosotros como gobierno quienes hemos dado a conocer estos hechos», manifestó.
Sobre estas denuncias, el ministro agregó que «el gobierno, a diferencia de otros gobiernos, acoge e investiga y denuncia al Ministerio Público, porque la compensación en materia de exonerados políticos es justa y moral, pero el abuso, el fraude y el engaño para obtener la calidad de exonerado cuando no se tiene derecho a ello es injusta e inmoral».
Hinzpeter afirmó que «ha habido negligencia por parte de gobiernos anteriores, porque cuando se hacen denuncias de esta magnitud los gobiernos están obligados a investigarlas a fondo para desecharlas o para acreditarlas y no se hizo ninguna de las dos cuestiones. Esto es grave porque el engaño es grave y porque se está causando un perjuicio fiscal».
El secretario de Estado explicó que el costo de este programa es de 450 millones de dólares al año.
«Si suponemos que 10% es eventualmente fraude estamos hablando de 45, si es 20% serían 90, si es 30% serían 135 millones de dólares al año», precisó.
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