El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, descartó la posibilidad que los fiscales sean electos, mediante una votación, tal como lo había señalado ayer su par de Interior, Rodrigo Hinzpeter.
A juicio de Ribera «la forma de designación de los fiscales está definida constitucional y legalmente. Creo que más bien es una propuesta de una perspectiva política académica. Al menos yo no conozco ningún proyecto que esté en la materia», sentenció.
Aunque el secretario de Estado calificó como interesante el planteamiento, indicó que esto implicaría un cambio en la Constitución.
Asimismo, el fiscal Alberto Ayala, señaló que «no veo las razones prácticas de hacer una modificación de esa naturaleza», pero se mostró abierto a cualquier posibilidad de cambios, porque recalcó que «ninguno de nosotros tiene el cargo asegurado».
Declaraciones que fueron dadas, luego de la reunión de la comisión coordinadora de la reforma procesal penal, en las dependencias del Ministerio de Justicia, a la cual por primera vez acudió el director de PDI, Marcos Vásquez y el director general de Carabineros, Gustavo González.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE JUSTICIA PENAL ABORDARÁ IDENTIFICACIÓN DE CONDENADOS
La creación de una instancia que aborde con urgencia los problemas de identificación que deben practicar las instituciones dentro del sistema penal a detenidos, imputados y condenados, fue la primera tarea que se impuso la recién instaurada comisión de seguimiento de la justicia criminal y en la que participan las máximas autoridades del sector.
«Esta circunstancia es principalmente grave y más masiva en extranjeros. Pero también hemos podido establecer suplantaciones de identidades en condenados chilenos, lo que dificulta a una persona inocente que nunca cometió un delito y se ve enfrentado a una pena respecto a lo cual nunca fue comunicado, pero también respecto a los mismos condenados que de esta manera obtienen beneficios por no tener antecedentes previos», señaló el ministro Ribera tras la reunión.
Dentro de las principales conclusiones, la autoridad explicó que actualmente existe un número superior a las 11 mil personas que reciben una sentencia condenatoria que deben ser rechazadas, ya que no cuentan con un registro de su identidad certero o usan nombres de otras personas, especialmente en casos de extranjeros que son detenidos en el país.
«El Registro Civil nos ha solicitado extremar las situaciones de comprobación de la identidad, igual circunstancia ha planteado el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema y se ha creado una subcomisión encargada de revisar los procedimientos para una mayor identificación de los imputados y condenados, y esperamos en el plazo de un mes y algo más tener una proposición para que la comisión coordinadora del sistema procesal penal resuelva en definitiva», remarcó el secretario de Estado.
Esta subcomisión interinstitucional será la encargada de diagnosticar y proponer vías de solución en la materia, teniendo presente una mayor coordinación de los operadores y autoridades extranjeras cuando corresponda, de manera de recabar la mayor cantidad de antecedentes cuando una persona es detenida por un delito.
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