El pleno de la Corte Suprema resuelve la petición de un ministro en visita para investigar el caso de falsos exonerados políticos, que formuló la diputada Karla Rubilar (RN).
El máximo tribunal del país dará en el curso de la mañana la decisión en torno a este requerimiento planeado a mediados de septiembre por la parlamentaria.
Los falsos exonerados fueron descubiertos tras una investigación televisiva que dio cuenta de las gestiones que algunos funcionarios de legisladores hacían con personas para hacerlos pasar por exonerados políticos y que de esa manera pudieran optar a los beneficios que por ley se les reconoce a este grupo.
Hasta ahora se han denunciado cerca de 250 casos irregulares.
Ayer miércoles el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, definió como una muy buena noticia que ratifica la seriedad de las denuncias acerca de la calificación irregular de exonerados políticos, el oficio que envió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al Instituto de Previsión Social (IPS), en el cual manifiesta que de los antecedentes que le entregara la Subsecretaría del Interior el 26 de octubre pasado, se detectaron 52 casos en los que es posible, usando las atribuciones de esa repartición (IPS), dejar sin efecto los beneficios previsionales.
El oficio del CDE sostiene que el artículo 4° de la ley 19.260, en su inciso tercero y siguiente, se refiere a los plazos de revisión de las pensiones a partir de su fecha de otorgamiento, estableciendo que se pueden revisar las pensiones otorgadas dentro del plazo de tres años contados desde el otorgamiento del beneficio o del respectivo reajuste.
El subsecretario del Interior explicó que se coordinará con el IPS el ejercicio de tales facultades, con estricto apego a la legalidad, con el fin de evitar que los abusos en el otorgamiento de pensiones continúen ejecutándose en perjuicio del Estado.
«Queda claro, primero, que las denuncias que se hicieron son correctas: hay gente que está recibiendo el beneficio de exonerado y que, de acuerdo a la normativa, no corresponde que lo reciba. En segundo lugar, cuando participa el CDE en el análisis de los antecedentes, se separa toda la crítica que se hace por parte de algunos parlamentarios en el sentido de que aquí hay una instrumentalización política. La Subsecretaría del Interior ha sido muy seria en el trabajo que se ha realizado, entregándole los antecedentes a las instancias que corresponden, como el CDE, para que ellos sean los que evalúen y propongan los caminos de acción», manifestó.
Ubilla agregó que la información entregada por el CDE implica que la diferencia entre los cerca de 250 expedientes que presentó la Subsecretaría del Interior y los 52 en que ellos detectaron que es posible dejar sin efecto el pago del beneficio, se explica por la antigüedad de los expedientes.
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