La Cámara de Diputados aprobó por 107 votos a favor la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por 2.372.881 millones de pesos, restituyendo los fondos destinados a las municipalidades a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y los de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que alcanzan los 87.381 millones de pesos.
A través de la indicación 49, el Ejecutivo logró la reincorporación de los recursos destinados a los programas de las municipalidades: de Mejoramiento Urbano y Equipamiento comunal; de Mejoramiento de Barrios; el Fondo de Recuperación de Ciudades y el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal contenidos en el capítulo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, indicación que fue aprobada por 57 votos a favor y 52 en contra.
En la misma línea, y tras un largo debate que presentó la oposición, la Cámara de Diputados aprobó por 60 votos a favor, 52 en contra y una abstención, restituir los fondos completos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, repartición que contempla un presupuesto total de 30.081 millones de pesos para financiar, entre otros, la ampliación del Plan Cuadrante, a 134 comunas, y del Plan Barrio en Paz (residencial y comercial), a más de 100 barrios vulnerables.
También se incluyen recursos para Gendarmería de Chile y el Plan Reincidentes (681 millones y 487 millones de pesos, respectivamente); para el Programa de Prevención en Seguridad Ciudadana (2.364 millones de pesos); para Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas (4.471 millones de pesos); el Programa Estadio Seguro (2.056 millones de pesos); el Fondo Nacional de Seguridad Pública (4.132 millones de pesos); y el Programa Vida Nueva, que busca prevenir la reincidencia delictual en la población infante-juvenil que ha sido ingresada a unidades policiales por participación en hechos que revisten carácter de delito o falta, y que presentan un moderado a alto nivel de riesgo de reincidencia (1.443 millones de pesos).
También se aprobaron los recursos destinados a la Subsecretaría de Interior, que considera ingresos y gastos por 26.010 millones de pesos.
La Subsecretaría también considera recursos para el Servicio Electoral por 13.837 millones de pesos, de los cuales 6.122 millones de pesos estarán destinados a costear las elecciones municipales de 2012.
En relación al Programa de Derechos Humanos, el presupuesto contempla un incremento de 20% destinado a suplir un número importante de compromisos, como los Memoriales solicitados por distintas organizaciones, a las cuales, por ley, la Subsecretaría a su cargo tiene la obligación de atender; y por la necesidad de contratar un mayor número de personal para atendimiento de público vinculado a las leyes del área.
La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) proyecta un gasto por 8.340 millones de pesos, creciendo un 33 por ciento, con lo que se espera el próximo año concretar la transformación de la Oficina en la Agencia Nacional de Emergencia; establecer la red sismológica de la Universidad de Chile; consolidar la red de comunicación, cuya primera inversión fue durante el 2011; y hacer operativo el sistema de alerta temprana, mediante un sistema de mensajería telefónica.
Respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Social (Subdere) se aprobó un presupuesto por 613.129 millones de pesos, que contempla una disminución global de 23,36 por ciento respecto de 2011, lo que se explica por el traspaso hacia los Gobiernos Regionales, desde el Tesoro Público, de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de libre disposición, que hasta el año 2011 se encontraban en el presupuesto inicial de esta Subsecretaría, junto a una disminución del Servicio de la Deuda.
Entre otros ítems, el presupuesto del Ministerio incluye también recursos por 759.840 millones de pesos para Carabineros; 18.811 millones para el Hospital de Carabineros; 192.603 millones para Investigaciones; 73.792 millones para el Servicio de Gobierno Interior; 4.861 millones para la Agencia Nacional de Inteligencia; y 37.075 millones de pesos para el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
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