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Alcalde de La Florida se querella por dineros de subvenciones escolares

por 21 diciembre 2011

Por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, el acalde de La Florida, Rodolfo Carter, presentó una querella en contra de quienes resulten responsables de irregularidades por más de mil 600 millones de pesos entre enero de 2010 y junio de 2011, las que fueron detectadas en una investigación de la Contraloría General de la República en relación a los recursos de la subvención escolar preferencial (SEP) para los niños más vulnerables.

Según explicó el alcalde Carter, "el contralor ha señalado que los recursos destinados a la educación fueron usados para pago de sueldos de funcionarios y profesores, cotizaciones provisionales y en algunos, incluso, se destinaron a pagar actividades que están absolutamente reñidas con la educación de los niños, como viajes al extranjero de algunos profesores, asados, actividades de capacitación que no están acreditadas".

A juicio del jefe comunal, "el informe del contralor es muy contundente y habla de una situación de abandono y perjuicio no solamente al patrimonio fiscal, sino también al patrimonio cultural, educacional de nuestros niños. Si decimos que no al lucro, también tiene que haber un no al lucro respecto de este tipo de situaciones. Si el dinero estaba para la educación de los niños, tiene que ser para los niños y no para otra cosa", aseguró Carter.

El alcalde de La Florida, quien asumió el 24 de junio pasado, luego que el municipio permaneciera cerca de cuatro meses descabezado tras la renuncia por razones de salud de Jorge Gajardo, aclara que todo esto ocurre antes de su llegada y reclama que "cuando este año ha estado marcado por la crisis de la educación, este tipo de informes, de denuncias, ratifica no sólo el abandono, sino el mal uso que se ha hecho de la educación municipal por muchos años".

Por su parte, el abogado del municipio, Felipe Ortega, indicó que con esta acción judicial buscan que se determinen las responsabilidades penales del uso incorrecto de estos fondos y que se pagaron cosas improcedentes. "Como querellantes pediremos diversas diligencias, peritajes a la PDI y a empresas consultoras externas, a fin de aportar antecedentes al Ministerio Público", detalló.

Cabe señalar que este tipo de delitos tienen una pena que va desde los 561 días a tres años de presidio.

upi/so

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