Los diputados PPD Tucapel Jiménez y Adriana Muñoz; los PS Denise Pascal y Osvaldo Andrade y la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Olate, manifestaron su intención de crear una mesa de trabajo para respaldar las demandas de las trabajadoras de este sector.
En la ocasión, exigieron al Gobierno garantizar el cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e insistieron sobre la necesidad de ponerle urgencia al proyecto de ley que prohíbe el uso de uniformes a dichas trabajadoras, iniciativa que fue presentada en el Parlamento por Jiménez en el 2001.
Según Jiménez, la polémica suscitada por la circular emitida por el club de golf Las Brisas de Chicureo, ha permitido «poner en la mesa la discriminación que sufren estas trabajadoras en cuanto a ser obligadas a usar un uniforme que las identifique».
«Sin embargo, también queremos evidenciar otras demandas laborales que ellas vienen pidiendo hace años, como la necesidad de que nuestro país ratifique el Convenio 189 que tiene que ver con su jornada laboral. Además, de avanzar en materia de sindicalización, negociación colectiva y condiciones laborales dignas», agregó.
En ese sentido, Olate indicó que se está formando una mesa de trabajo con los parlamentarios para trabajar sobre éste y otros puntos que aquejan al sector, como los horarios de trabajo, sobre todo de aquellas que trabajan puertas adentro.
La diputada Adriana Muñoz indicó que «las trabajadoras de casa particular son discriminadas porque el trabajo doméstico es invisible en el aporte económico y social que se hace a un país».
En tanto, la diputada Denise Pascal recordó que «éste es un tema que venimos trabajando desde hace años», agregando que «la ministra puede tener muy buena intenciones pero si en este tema no existe legislación, se seguirán discriminando a las personas y especialmente a las trabajadoras de casas particulares».
«Se hace urgente avanzar en un estatuto de las trabajadores de casas particulares y de aquí a marzo exista un primer borrador que se pueda anexar a las leyes, en este marco también debemos buscar diversas formulas para fiscalizar o al menos que los empleadores sepan que las trabajadoras tienen derechos para reclamar por sus derechos», concluyó.
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