Esta semana la Comisión de Constitución del Senado podría despachar a sala el proyecto que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, entre las que se cuenta el uso del brazalete electrónico para aquellos condenados por delitos menores.
Así lo informó el integrante de esa instancia, senador Jaime Orpis, tras señalar que se ha hecho un estudio exhaustivo sobre el proyecto y que sólo resta una revisión final para dejarlo en condiciones de ser debatido por el resto de los senadores.
«Espero que el proyecto sobre penas alternativas logremos despacharlo, estamos terminando de hacer una última revisión y es urgente hacerlo, teniendo presente y como lo he señalado en forma reiterada que en ese proyecto hay un gran tema pendiente que es el de los recursos para rehabilitación y reinserción social que no están contemplados», dijo el parlamentario.
Agregó que si bien se aumenta el número de delegados para hacerse cargo del cumplimiento de las medidas «un delegado sin recursos cumple funciones bastante limitadas. El delegado va a tener que implementar los trabajos en beneficio de la comunidad pero no sólo eso, sino que temas vinculados con la rehabilitación, particularmente de drogas porque existe una relación muy directa entre droga y delito».
MUERTE PRESUNTA
Pero además de abocarse al estudio de dicha iniciativa, la Comisión de Constitución comenzará, este miércoles, con el debate del proyecto que modifica los plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte.
Al respecto, el senador Orpis manifestó que si bien la Comisión no ha conocido en detalle la iniciativa «si no tiene grado de dificultad, no debería tener problema (en aprobarse)».
Cabe recordar que el proyecto, en segundo trámite, fue enviado por el Ejecutivo tras la tragedia aérea de Juan Fernández, y busca simplificar el procedimiento para la declaración de muerte presunta en los casos en que las circunstancias de la desaparición llevan necesariamente a concluir que una persona ha fallecido.
Para ello, contempla una norma especial que permite que una vez que se tiene plena certeza de la muerte, se pueda producir la inscripción del fallecimiento, a pesar de no haberse hallado el cadáver o no haber sido posible su identificación.
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