El senador Alejandro Navarro (MAS) pidió acelerar la discusión del proyecto de ley que obliga a las universidades a transparentar el costo total de las carreras que imparten, para que los alumnos sepan el monto real que pagarán por sus estudios.
«Los aranceles de las carreras universitarias deben quedar establecidos al momento de adquirir el servicio, tal como ocurre por ejemplo al comprar una casa, en donde se sabe la tasa de interés», dijo el legislador.
Navarro agregó que con esta regulación, lo que se busca es evitar la publicidad engañosa en la que pudieran incurrir algunos planteles de educación superior en la captación de nuevos alumnos.
«Busca evitar cualquier intento de publicidad engañosa que pudieran ejercer las casas de estudios, que hoy en día gastan millones en marketing para captar alumnos con folletería y mensajes publicitarios», manifestó.
«Pero, en ninguno de los casos, dan a conocer el monto real que, finalmente, les costará el estudio de los cinco o seis años, lo que posteriormente termina afligiendo a los jóvenes y sus familias que luego nos las pueden costear», agregó Navarro.
De igual modo, el parlamentario sostuvo que la idea de legislar sobre esta materia está dirigida a que, tanto alumnos como padres, puedan elegir informados respecto de calidad formativa e infraestructura y, también, de costos.
«(…) evitando así, la deserción universitaria, que todos sabemos que también lleva a la desilusión y al sentido del fracaso de muchos jóvenes que deben truncar su sueño optar a un título profesional», expresó.
Navarro explicó que la idea es establecer como obligatorio que las universidades hagan público, en el último trimestre de cada año, «el arancel proyectado por carrera, para el año siguiente, y por el tiempo de duración de la misma».
Junto a lo anterior, se instituirá la necesidad de que los aranceles proyectados y efectivos por carrera, sólo podrán fijarse de acuerdo a los parámetros económicos establecidos en el reglamento respectivo, dictado por la autoridad correspondiente, sobre la base de infraestructura, investigación, docencia, equipamiento y otros.
«Tales establecimientos deberán contemplar la oferta de contratos con costos definidos para los aranceles durante toda la carrera, cuyas condiciones también serán fijadas por Reglamento», explicó el senador.
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