El alcalde de la comuna de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, denunció este miércoles que el Gobierno está perdiendo su batalla contra la delincuencia, y lo acusó de privatizar las políticas de prevención de delitos.
El también vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, aseguró además que el aumento en los índices de la delincuencia registrados en los últimos dos años, «son coincidentes con una retirada del Estado, con la privatización y licitación de los programas de prevención, con la disminución de los recursos y la falta de articulación en el tema».
A juicio de Navarrete, lo que se requiere «es que el Gobierno articule una fuerte política de prevención, esencialmente en la prevención sobre el consumo de drogas, que establezca una política de control fuerte de armas en el tema de los barrios, que articule con los municipios políticas integrales y que no siga licitando y privatizando la prevención en Chile».
Ante lo que consideró un fracaso de las políticas impulsadas por el Ejecutivo en materia de combate a la delincuencia, el alcalde de la comuna de Lo Prado dijo que las autoridades siempre han tenido una excusa.
«Fueron los gobiernos de la Concertación, después fueron los fiscales, ahora son los estudiantes, después será la capa de ozono», explicó.
Al ofrecer una rueda de prensa junto al alcalde de San Joaquín y vicepresidente de la Comisión de Seguridad ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades, Sergio Echeverría, Navarrete declaró que «mientras no se instaure una responsabilidad del Estado y en conjunto con los ciudadanos una fuerte inversión en prevención, nosotros tenemos la sensación de lo que va a ocurrir aquí es que estas cifras no van a cambiar, la vida de barrio va a empeorar, la sensación de desprotección va a seguir aumentando y finalmente se perderá la guerra a la delincuencia planteada por la Alianza».
El jefe comunal aseveró que «aquí hay un Estado que tiene una responsabilidad, hay un ministerio del Interior, hay una subsecretaría de Prevención del Delito y esa articulación es la que echamos de menos hoy día».
Por su parte, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, sostuvo que antes los gobiernos municipales contaban con una determinada cantidad de recursos para aplicar políticas de prevención.
Echeverría detalló que «en San Joaquín teníamos 80 millones de pesos que permitían básicamente planificar acciones en el ámbito urbano, en el ámbito psicosocial y también en el ámbito del control, sin embargo, se transformó esto en un fondo de seguridad pública al cual los municipios tenemos que postular junto con organizaciones no gubernamentales, y en definitiva todo el proceso se hace más engorroso».
Asimismo afirmó que en la actualidad, por el fondo concursable de seguridad pública, se reciben menos recursos que antes.
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