El Pleno de la Corte Suprema designó al ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, Pedro Güiza Gutiérrez para que realice una investigación administrativa sobre la cuestionada conducta funcionaria de la ministra de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quiroz Fuenzalida.
A la jueza Quiroz se le acusa de una supuesta prevaricación, es decir, por ejercer presiones indebidas en el desempeño de su cargo.
Antes de su decisión, el Pleno del máximo tribunal del país encomendó a la ministra Gabriela Pérez que indagara las imputaciones, por lo que Quiroz viajó a Santiago y declaró el pasado 23 de diciembre.
La ministra es indagada a raíz de un recurso de revisión que presentó la defensa del conductor de camión, Juan Carlos Severino Roca, quien le imputa a Quiroz haber influenciado a sus pares del tribunal de alzada de Arica para que no anularan la condena a 10 años y un día que dictó en su contra el tribunal oral, en una causa por narcotráfico.
La defensa del condenado pedía que, a través del artículo 473 del Código Penal, se anulara la sentencia aduciendo una eventual prevaricación.
Severino -quien ya había sido condenado por el mismo delito en 2005- fue sorprendido en febrero de 2010 en Lampa, con 52 kilos de cocaína en un camión que era propiedad de la sociedad de transportes Kifu Limitada, que pertenece, en un 90%, a la magistrada.
El representante legal de la empresa, además, es pareja de Quiroz, y el conductor era empleado de la firma.
Si bien el recurso de revisión que presentó el chofer fue rechazado en la Segunda Sala de la Corte Suprema, se resolvió investigar la denuncia.
El máximo tribunal aún no ha calificado a la magistrada, situación que dejó pendiente hasta que concluya la investigación en su contra.
La ministra ha descartado haber ejercido alguna presión indebida y haber influenciado en la entrega casi inmediata del camión que llevaba la droga, por parte de la PDI a la empresa. La policía habría llamado directamente a la pareja de Quiroz para entregarle el vehículo.
La ministra Quiroz fue sancionada en 2011 por la Suprema con una censura por escrito, debido a que archivó una denuncia contra los jueces de garantía de Arica, Gonzalo Díaz y Rodrigo Urrutia, a quienes se les acusaba de haber comprado autos al hijo del condenado por fraude al municipio de Arica, Carlos Herrera, conocido como el «Camán».
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