La Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) aseguró este jueves que “la sobreexplotación de algunas pesquerías es resultado de la actual administración y pone como ejemplo el caso de la pesquería de jurel”.
Esto, luego que “según los datos de la propia Subsecretaría de Pesca es posible constatar que las recomendaciones de cuota total permisible entregadas por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) fueron aumentadas primero por la Subsecretaría de Pesca y posteriormente por el Consejo Nacional de Pesca (CNP) quienes, aun cuando en la ley sólo deben aprobar o rechazar las cuotas propuestas por la subsecretaría, han presionado al Gobierno de turno proponiendo cuotas que sobrepasan ampliamente lo sustentable”.
Según explicó, este comportamiento, “que se repite prácticamente en todas las pesquerías de importancia económica, es el que ha llevado a la crisis actual y debe ser corregido”.
Para hacer frente a esto, Anapesca detalló que, si bien el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre la materia en sus declaraciones generales declara como objetivo principal la promoción de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, “no proporciona el marco legal ni establece los mecanismos que permitan alcanzarla”.
Así, dijo, “no es suficiente declarar que el proyecto ‘propende’ a la conservación y sustentabilidad de los recursos, sino que es necesario crear las estructuras que garantice lograr estos objetivo; si bien es cierto que se establece que uno de los problemas de la administración es la facultad resolutiva del CNP, controlado por los usuarios, no se reconoce que ha sido la propia Subsecretaría la que ha administrado los recursos con objetivos distintos al de la sustentabilidad de las pesquerías”.
Agregó que “es también insólito que, conjuntamente con la propuesta de un Panel de Expertos que sigue dependiendo de la Subsecretaria, se reconozcan los comités técnicos que -aunque tampoco son resolutivos- están integrados en parte por representantes de instituciones financiadas directamente por quienes explotan los recursos. Es decir, la recomendación científica para la administración seguramente estará influenciada por los propios usuarios mediante sus ‘institutos de investigación'”.
La asociación gremial también destacó que el IFOP, organismo científico técnico encargado de hacer la investigación (base para determinar el estado de los recursos y su captura total permisible) “sigue quedando bajo la tutela de un ente político como lo es la Subsecretaría de Pesca, lo que también carece de todo sentido, asegura la asociación gremial.
Anapesca recordó que “según el propio Gobierno la mayoría de las pesquerías del país están sobreexplotadas, lo que es resultado del actual sistema de administración. Lamentablemente, todos los cambios propuestos a la ley siguen las mismas tendencias que han llevado a los recursos al colapso, es decir, “cambiar algo para no cambiar nada”.
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