El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, al inaugurar el Año Judicial 2012 en el salón del Tribunal Pleno en el Palacio de los Tribunales de Justicia, aseguró que las causas de derechos humanos «no están sujetas a ningún plazo».
Ballesteros dijo que son 1.268 los procesos sobre violaciones a los derechos humanos los que se tramitan actualmente, cifra que resaltó «aumentó significativamente el año 2011 principalmente por las 726 nuevas denuncias efectuadas por la Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals», que por ejemplo llevó a abrir un proceso por la muerte del ex Presidente de la República, Salvador Allende.
El magistrado pronunció su primer discurso en su nuevo cargo, en que entregó las estadísticas y principales hitos de la gestión del Poder Judicial durante el año 2011.
A la ceremonia asistieron más de 120 invitados, entre los que se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero; el ministro de Justicia Teodoro Ribera; la ministra del Sernam, Carolina Schmidt, el presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen; el senador José Antonio Gómez; y el Fiscal Nacional; Sabas Chahuán.
Rubén Ballesteros informó que el ingreso de causas en los tribunales de primera instancia fue de 3.502.327 nuevos asuntos, sin incluir los exhortos, lo que representa un aumento de un 19,5% respecto del año anterior.
Las Cortes de Apelaciones recibieron 104.713 asuntos, cifra superior al ingreso del año anterior, en un 22,7%. El presidente de la Corte Suprema resaltó el especial aumento se produjo en los recursos de protección, que a nivel nacional, alcanzaron 32.045, cifra que constituye un 162% más que la del período pasado. En su mayoría se recurrió contra las Isapres por las alzas en los planes de salud.
En la Corte Suprema ingresaron 12.713 recursos, representando un aumento de 24,7% respecto de los ingresos de 2010.
Ballesteros informó que actualmente existen 1.268 causas por violaciones a los derechos humanos en el país. Respecto de este punto enfatizó que el término de estos procesos «no está sujeto a ningún plazo, sino que su fin está condicionado al desarrollo de cada uno de ellos (…) labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo con especial dedicación».
Destacó, entre los diversos proyectos de modernización en que está trabajando el Poder Judicial, la aprobación de su Planificación Estratégica; el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con el Banco Interamericano de Desarrollo; el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas que desarrolla con el Banco Mundial, la base de jurisprudencia de Cortes a la que se tiene acceso desde la página web; y la creación del Centro de Extensión del Poder Judicial.
Ballesteros hizo especial hincapié en reforzar la autonomía del Poder Judicial. «El Estado de Derecho sólo puede ser eficazmente garantizado por una Judicatura realmente independiente, en una posición de igualdad con el resto de los órganos constitucionales al compartir con ellos el ejercicio de la soberanía nacional (…) uno de los desafíos más importantes por los que persistentemente viene abogando el Poder Judicial y que reafirmo en esta oportunidad, es el de alcanzar el mayor grado de autonomía que su posición como Poder del Estado requiere, principalmente en razón de la garantía eficaz de los derechos fundamentales, una justicia competente, laboriosa, libre de toda influencia ajena al Derecho mismo, en favor de todas las personas sin distinción de ninguna clase».
Agregó que la mayor judicialización se origina en una ciudadanía que exige mayor respeto por sus derechos, el control de las arbitrariedades y abusos de algunos agentes de la Administración pública y de servicios del sector privado.
Ballesteros rechazó críticas por una supuesta intromisión de la Judicatura en los asuntos públicos y dijo que el Poder Judicial no puede abstraerse de la esfera de lo público en una sociedad pluralista.
«La crítica que en ocasiones se hace al Poder Judicial respecto de los pronunciamientos que efectúa tanto en lo jurisdiccional, en asuntos sometidos a su resolución donde rige el principio constitucional de inexcusabilidad, como respecto de materias relativas a proyectos de leyes, que la propia Constitución le requiere, es errada», afirmó.
Gobierno judicial
El presidente Ballesteros se hizo cargo de los problemas que hubo en la Corporación Administrativa (CAPJ) del Poder Judicial el año pasado y aseguró que no se deben descuidar controles y auditorías las que incluso deben aumentarse y realizarse más eficazmente.
Rechazó la fórmula de los Consejos de la Magistratura explicando que «estoy convencido que la solución para una más eficiente y mejor controlada administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Judicatura, no puede provenir de instituciones ajenas a su idiosincrasia y naturaleza, pues ello importaría una auténtica intervención en sus propios asuntos y en el normal desenvolvimiento de su función, así como la politización partidista del Poder Judicial con la pérdida inevitable de su independencia», aseguró.
El ministro Ballesteros propuso perfeccionar la CAPJ evaluando la ampliación de su Consejo Superior, «con integrantes de los diversos estamentos del Poder Judicial, a fin de lograr una mayor representatividad y participación».
Además planteó que la Unidad de Auditoría de esa entidad pase a depender en forma directa del Pleno de la Corte Suprema, al que rendiría cuenta periódicamente.
En la misma línea de sus predecesores, el presidente Ballesteros criticó la creación de tribunales especiales.
«Nada justifica la creación de órganos jurisdiccionales separados del Poder Judicial, y no parece preverse las negativas consecuencias y riesgos para la preservación del Estado de Derecho, derivados de la existencia de un sistema de justicia corporativa, dependiente o influenciable ante intereses sectoriales o grupos de poder», dijo.
Agregó que «hago presente que esta situación, podría ser interpretada como una alteración del orden contemplado en el artículo 76 de la Constitución Política de la República».
Ballesteros anunció que se pondrá prontamente a disposición de la comunidad jurídica «un Indicador de Calidad de la Justicia», el que permitirá medir rubros tales como acceso a la justicia, fortalecimiento institucional, eficiencia, ejecución de las sentencias, transparencia, y derechos de las personas, entre otros.
Abogó por la aprobación de los proyectos de ley de la Mesa Judicial y comprometió el esfuerzo de toda la institución en el desarrollo de la reforma civil. Asimismo demandó la creación de tribunales contenciosos administrativos o la unificación de procedimientos, una nueva reforma que debiera emprenderse después de la civil, dijo.
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