La eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado que evalúa el gobierno ante la crisis que se agudizó en Aysén, tras el llamado de La Moneda a restablecer el orden y terminar con los bloqueos de carreteras, no pasó inadvertido en el Poder Judicial, luego de la inauguración del año, con la cuenta pública del presidente de la Corte Suprema.
A la salida de este acto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, consultado al respecto sostuvo que las fiscalías tienen atribuciones para investigar delitos o denuncias, pero la Ley de Seguridad del Estado es una decisión que corresponde al Ejecutivo y —a su juicio— el problema es de orden público, lo que no le corresponde al organismo a su cargo.
En caso de aplicarse dicha normativa, Chahuán precisó que: «se va a actuar como se ha actuado siempre que se invoca una Ley de Seguridad del Estado, que es ver si los hechos se encuadran en un delito y si el delito, a su vez, es de esa Ley de Seguridad Interior del Estado, pero eso es resorte del Ejecutivo que está en el poder».
A su turno el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, explicó que invocar la Ley de Seguridad del Estado «es una decisión política», pero ante la persistencia del bloqueo de carreteras y calles en la región de Aysén, está convencido que hay comisión de delitos.
«Me cuesta creer que si yo me tomo una calle, impido la circulación, pongo en peligro la vida de terceros, eso pueda ser considerado un acto de protesta pacífica resguardado íntegramente por el derecho constitucional a manifestarse (…) Es una decisión política y la Ley de Seguridad Interior del Estado es esencialmente un tema de seguridad y oportunidad».
Respecto a si se evalúa su aplicación, el ministro Ribera insistió que eso está en manos del titular de Interior «que es el responsable de la materia».
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, el clima que se está generando en Aysén es un precedente negativo y los movimientos ciudadanos deben lograr un camino de entendimiento con las autoridades, sin perjudicar la convivencia en el país. «Los gobiernos tienen la responsabilidad ineludible de asegurar el estado de derecho y el orden público. No puede ser que acá, que por legítimas aspiraciones se llegue a este tipo de presiones que no conducen al diálogo y yo creo que el gobierno lo que está haciendo es cumplir con la ley y el estado de derecho, y de resguardar a la ciudadanía, que es posible dialogar y conversar sin necesidad de extremar posiciones. Lo que está ocurriendo en Aysén es un precedente negativo, para la forma como los movimientos sociales y las autoridades políticas y públicas en el país tienen que relacionarse. No es necesario tomarse carreteras impedir el acceso y la distribución de alimentos para plantear las ideas y puntos de vistas, tenemos que acercarnos a una convivencia mas civilizada, donde el diálogo prospere por sobre la presión», precisó.
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