El diputado del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se manifestó disconforme con los 5 millones de dólares que deberá pagar la empresa San Esteban por los gastos que significaron para el Estado el rescate de los 33 mineros en la denominada «Operación San Lorenzo», considerando que el costo total de la operación había sido cifrado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 22 millones de dólares.
Para Carmona, diputado por la Región de Atacama, el costo inicial era más cercano a la realidad, y lamentó la rebaja en el pago que tendrá que hacer la empresa minera y que significará que se levanten los embargos que pesaban sobre los activos de la compañía.
«Yo le agregaría al costo que implicó la tragedia de San Esteban —y que tuvo casi tres meses a 33 mineros a 700 metros debajo de la tierra—, el daño psicológico sobre su familia directa, sus compañeros de trabajo y en todo un entorno que tomó posición con mucha conmoción en un hecho que recorrió el mundo», enfatizó.
El diputado Carmona fue parte de la comisión investigadora sobre este accidente en Copiapó y a partir de las conclusiones emanadas de esa instancia, recalcó que la responsabilidad es mucho mayor de parte de los empresarios Kemeny y Bohn.
«Las investigaciones hechas al respecto indican que era totalmente predecible y prevenible este accidente, lo que le da todavía más dolo desde el punto de vista de la ética y las obligaciones como empresarios, sobre todo en la minería», expresó.
Carmona concluyó diciendo que: «me parece francamente desconcertante que se haya convenido un monto que es un cuarto de lo que debió haber sido, toda vez que se acusa que la minera tiene los recursos para asumir el 100% de ese rescate y que ésta debiera reconocer que el Estado con diligencia efectiva salvó a los mineros. Esto es en la práctica un subsidio a la minería, un subsidio a empresarios que son irresponsables».
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