Por unanimidad, 69 votos, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión de Recursos Naturales, que fue mandatada por la Sala para determinar la participación de la empresa estatal Codelco y empresas asociadas, en la contaminación ambiental en la zona de Puchuncaví y Quintero, en la Región de Valparaíso.
La instancia parlamentaria detectó los factores que habrían llevado a la contaminación en el sector. Entre ellos, la autorización que otorgaron en su momento las autoridades regionales para que se aumentara la superficie de terreno disponible para actividades molestas y contaminantes, mientras que las zonas de protección y áreas verdes fueron reducidas, de acuerdo a lo investigado.
Esto, junto al aumento de la población del sector, desencadenó que a la fecha se permitiera la instalación de 12 empresas en la zona industrial de Puchuncaví, alcanzando un total de 14, mientras que en Quintero la cifra es de 20 instalaciones industriales, de acuerdo al informe.
La comisión constató que si bien las empresas -Codelco Ventanas y EAS Gener- cumplieron con el plan de descontaminación, han realizado una escasa inversión tecnológica que permita disminuir la cantidad de contaminación y que por el contrario impide controlar las emisiones fugitivas de SO2.
La instancia estableció además responsabilidad del Estado en la contaminación de la bahía de Quintero producto de la permisividad en que han incurrido diversas unidades, autorizando desmedidamente la instalación de empresas contaminantes en la zona, obligándola a soportar cargas ambientales desproporcionadas, según la comisión.
En este sentido, de acuerdo a lo concluido por la instancia, la responsabilidad también se comparte con los municipios, por cuanto habrían tenido insuficiente capacidad para prevenir dicha situación, toda vez que se les permitió a las empresas funcionar con patentes provisorias, renovándoselas sin exigir que concluyera la recepción de obras.
El informe propone una serie de medidas para mitigar los efectos de la contaminación en el sector, entre ellas la ‘necesidad urgente y prioritaria’ de realizar estudios que conduzcan a remediar los suelos aledaños a las zonas degradadas y a la bahía de Quintero y exigirles a las empresas destinar recursos para inversión en tecnología de punta, permitiendo la eliminación de los gases secundarios y las emisiones fugitivas.
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