El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de La Polar, por el delito de «revelación de secreto», ingresando de esta manera al caso que lleva a cabo la justicia en contra la empresa de retail.
La demanda apunta a la venta de la base de datos de los imponentes del Instituto de Previsión Social (ex INP) a la firma del retail. Según consta en el libelo acusatorio, la compra de estos registros permitió a la multitienda sumar como clientes, incluso a personas fallecidas.
La entrega de los datos se inició el 4 de octubre de 2004 cuando el entonces director del INP, Ernesto Evans, firmó con la empresa Comercial Siglo XXI S.A. La Polar un acuerdo para que los pensionados pudieran ser sujetos de crédito. El convenio se extendió hasta el año 2006.
La contraparte era el entonces gerente general de la multitienda, Pablo Alcalde. El abogado del ex ejecutivo, Jorge Boffil explicó que su cliente nunca tuvo conocimiento de estos listados.
«Primero hay que ver si acaso es cierto que estamos frente a un secreto que ha sido revelado, no me consta, para nada. En segundo lugar, tampoco tengo ninguna información, que sugiera si quiera, que en la eventual venta de la base de datos haya tenido algo que ver Pablo Alcalde», argumentó el abogado.
Por su parte, Tomás Fabres, abogado que representa a la mayoría de los que se hicieron parte de la demanda colectiva contra La Polar, valoró el ingreso del CDE a la causa.
«Nos parece una decisión importante, que ayuda a las víctimas que son los clientes repactados unilateralmente», sostuvo Fabres.
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