La jueza del Primer Juzgado de Garantía de Santiago Paula Brito ordenó arraigo nacional y vigilancia de parte de personal Brigada del Cibercrimen de la PDI, del estudiante Cristián Álvarez Rojas (26), presunto administrador del sitio web Cuevana.
El imputado fue formalizado en el Centro de Justicia de Santiago por infracción a la Ley de Propiedad de Intelectual por su implicancia en el manejo a nivel local de la plataforma de origen argentino mediante la cual subía a la web películas nacionales que eran descargadas en forma gratuita por los cibernautas, desde marzo del 2010 hasta la fecha.
El tribunal dispuso un plazo de 90 días de investigación.
En enero pasado, el fiscal Pablo Alonso dio inicio a la investigación luego de recibir una denuncia interpuesta por el canal internacional HBO, coordinando para ello a la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual y la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile.
La detención se produjo hoy en el domicilio del imputado, en la comuna de Pudahuel.
En la oportunidad, personal policial incautó 198 discos DVD con material audiovisual «pirateado», un notebook y dos discos duros.
De acuerdo a los antecedentes expuestos por el fiscal Alonso durante la audiencia de formalización, los hechos se remontan a marzo de 2010, cuando Álvarez Rojas empezó a desempeñarse como administrador del sitio web mencionado, distribuyendo gratuitamente obras audiovisuales, además de subir, indexar y publicar material protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
Sobre la base de estos argumentos, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía Occidente de decretar las medidas cautelares de arraigo nacional y vigilancia de su actividad en el sitio por parte de la Brigada del Cibercrimen.
Esta última está destinada a evitar la adulteración de su actividad como administrador. El plazo de investigación quedó fijado en 90 días, tiempo durante el cual se desarrollarán nuevas diligencias investigativas.
Según la investigación, este hecho provocó un perjuicio cercano a los 500 millones a los titulares de las películas de cine y tv que habría compartido en forma ilegal.
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