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En prisión preventiva queda sujeto formalizado por delitos tributarios en Talca


En prisión preventiva quedó Juan Jaime Cisternas Vigneaux, de 69 años, quien este viernes fue formalizado por delitos tributarios tras facilitar, entre agosto y septiembre de 2009, un total de nueve facturas falsas que representaban operaciones comerciales inexistentes por poco más de 470 millones de pesos.

El hombre es el primer imputado de un grupo mayor de sujetos investigados por dichos ilícitos y se supo que esas facturas estaban destinadas a ser incorporadas en la contabilidad de la empresa talquina «Metales del Pacífico» con la finalidad de disminuir ilícitamente pagos de impuestos al Fisco.

Se informó que cuatro representantes y trabajadores de esta firma están citados a una audiencia de formalización por delitos tributarios para el lunes 19 de marzo a las 08:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Talca.

Al respecto el fiscal Miguel Ángel Orellana, coordinador de la Unidad de Causas de Alta Prioridad de la Fiscalía Regional del Maule, puntualizó que Cisternas «presta su nombre para formar parte de una empresa individual de responsabilidad limitada. Esa empresa es utilizada para proveer de crédito fiscal falso a través de fracturas ideológicamente falsas a terceras personas que luego incorporan este crédito fiscal, esas facturas, a su contabilidad y así determina un impuesto de valor agregado menor que el que le corresponde pagar».

En la audiencia se reveló que el imputado no tiene domicilio conocido y registra condenas por delitos de fraude y estafas por las que cumplió 13 años de cárcel. El año 2007 recuperó su libertad y al poco tiempo de ello fue fiscalizado en Santiago por el Servicio de Impuestos Internos, cuyos inspectores constataron que la empresa del imputado supuestamente se dedicaba al rubro de metales, pero tiene domicilio en un departamento, no tiene bodegas ni vehículos que permitan desarrollar el rubro comercial.

A solicitud de la fiscalía al Juzgado de Garantía de Talca, el imputado quedó en prisión preventiva. El tribunal fijó seis meses de plazo para investigar.

upi/so

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