Con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros y la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, este lunes se inició una etapa en el proceso de preparación de la entrada en vigencia de la nueva ley de penas alternativas.
Por ello el Poder Judicial se adelantó en este proceso a través de Programa de Capacitación de la Nueva Ley 18.216 para 22 jueces de garantía, programa diseñado y ejecutado por la División de Defensa Social de la mencionada cartera.
La subsecretaria Patricia Pérez fue la encargada de realizar el primer módulo de la capacitación a los magistrados.
La autoridad ministerial explicó que, «lo más significativo de esta implementación es tender a un mayor control de las penas y proteger a las víctimas. La posibilidad de que las víctimas tengan la tranquilidad de que su agresor no se acerque a su hogar o trabajo para nosotros es una motivación más que suficiente para impulsar esta ley».
Pérez destacó que esta instancia es necesaria ya que «no estamos esperando que se publique la ley para partir trabajado con los magistrados, estamos trabajando antes, porque en el momento que se publique ya se cuenten con los magistrados capacitados lo que permita una implementación mucho más efectiva».
La nueva normativa, que se encuentra en los trámites finales en el Congreso Nacional, esta concentrada en abordar todos aquellos delitos considerados menos graves y cuyas sentencias se cumplen en medio libre.
A la fecha, en el país existen más de 50 mil condenados en este régimen.
El proyecto que modifica la actual ley N° 18.216, es parte la nueva política penitenciaria impulsada por el gobierno y constituye la reforma legal más importante al sistema de penas sustitutivas a la prisión desde su creación, hace casi 30 años.
Esta política pública integra nuevas formas de control de las penas, más modernas y eficaces, lo que permite realizar un seguimiento de los casos, contribuyendo a disminuir las tasas de reincidencia.
Las penas sustitutivas a la privación de libertad tienen como objetivo favorecer la reinserción social de los condenados; controlar efectivamente el cumplimiento de penas; dar protección a las víctimas; y, hacer un uso racional de la privación de libertad en los penales chilenos.
La subsecretaria indicó que «estamos hablando de la capacitación respecto de las penas sustitutivas, que es un proyecto de ley impulsado por el presidente Sebastián Piñera, que tiene tres objetivos: proteger a las víctimas, generar un mayor control de las penas que se cumplen en libertad y disminuir los índices de reincidencia. Ya que —según estudios— actualmente más del 50% de las personas que cumplen sus penas privados de libertad reinciden».
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