Los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Mariano Ruiz Esquide, Andrés Zaldívar y Patricio Walker, mostraron su preocupación este lunes por la actitud «dura» y «excesiva» de parte del Gobierno para tratar el conflicto en Aysén.
«Estamos extremadamente preocupados no sólo de las necesidades de la provincia de Aysén sino también la forma en que se empiezan a dificultar las relaciones entre el orden y este derecho de las personas a reclamar más allá del derecho que tenga el Gobierno de usar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que nosotros creemos que no es un buen mecanismo para resolver los problemas de Chile», expresó Ruiz Esquide.
Por su parte, el senador Walker dijo que tienen antecedentes que serán entregados al presidente de la comisión de DD.HH. del Senado y que fueron elaborados por el Instituto de DD.HH., la Comisión Justicia y Paz Vicariato Apostólico Aysén, 25 observadores de DD.HH. de Coyhaique y 15 de Puerto Aysén, sobre el actuar de las fuerzas policiales en la zona.
«Desgraciadamente hemos vivido este último mes una represión brutal, excesiva, por parte de las Fuerzas Especiales, que no son los carabineros de Aysén, sino miembros de las Fuerzas Especiales», expresó el senador Walker.
«Hemos visto en Coyhaique, el miércoles 15, a las 5 de la tarde, que las mujeres de los dirigentes, especialmente de los pescadores y sus hijos, fueron víctimas de una represión brutal, represión que duró 24 horas, que incluyó bombas lacrimógenas disparadas por las Fuerzas Especiales al interior de los hogares; las fuerzas disparaban balines, perdigones, e incluso una güagüita de 9 meses que sufrió un principio de asfixia; un niño con síndrome de down tuvo que sufrir el embate de las bombas lacrimógenas. Esto fue una provocación, que en mi opinión fue la excusa que estaba buscando el Gobierno para no dialogar y no llegar a acuerdos con la gente del movimiento por Aysén», expresó el senador Walker.
Por su parte, el diputado socialista Osvaldo Andrade, tras la reunión de los lunes de los presidentes de los partidos de la Concertación, expresó que decidieron proponer a las bancadas del conglomerado que estudien la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por su presunta responsabilidad en la «brutal represión» en Aysén.
El diputado dijo que «los testimonios que han sido entregados en el mismo lugar de los hechos, de autoridades locales y de habitantes, demuestran que se ha desatado una represión que no tiene parangón en Chile en democracia».
«La acción de la fuerza pública ha sido de una desmesurada violencia, incluso según se nos ha señalado, ha sido en forma selectiva, en los domicilios, con seguimientos con una brutal asignación de violencia a personas determinadas, algunas de ellas simple dueñas de casa que son la familia o las esposas de dirigentes», expresó Andrade.
«Queremos señalar que rechazamos absolutamente el actuar de la fuerza pública y del ministerio del Interior en este plano, sin perjuicio de ello, valoramos la actitud de los dirigentes sociales de Aysén. Que en este cuadro ellos insistan en una disposición al diálogo habla extraordinariamente bien de su condición de dirigentes y de su representación ciudadana, a pesar de la represión», añadió el diputado.
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