La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por «discriminar» a la jueza Karen Atala por su orientación sexual y en el año 2004 no entregarle la tuición de sus tres hijas debido a su homosexualidad.
El tribunal internacional determinó por unanimidad que tanto Atala como sus descendientes sufrieron la violación a los derechos de igualdad y a la no discriminación, además de una violación al derecho a la vida privada.
Por ello, el Estado fue obligado a realizar un «acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional».
Además, deberá «continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos», en particular a los del poder judicial.
El Estado fue condenado a pagar 34.798.196 pesos (72.000 dólares) desglosados de la siguiente forma:
– $ 4.841.499 pesos (10.000 dólares) por los gastos médicos y sicológicos en los que incurrió la víctima.
– $ 9.670.999 pesos (20.000 dólares) a Karen Atala por los sufrimientos ocasionados a las víctimas, así como el cambio en las condiciones de vida.
– $ 4.841.499 pesos (10.000 dólares) a cada una de las tres hijas de la jueza (en total 14.502.899 pesos) como indemnización por los «daños inmateriales».
– $ 5.809.799 pesos (12.000 dólares) a Karen Atala por concepto de costas y gastos.
El caso de Karen Atala se remonta al 2004, cuando la Cuarta Sala de la Corte Suprema otorgó la tuición de las tres menores a su padre.
El máximo tribunal del país, de forma dividida resolvió que como Atala vivía con su pareja Emma de Ramón, esto impedía el normal y sano desarrollo de las niñas.
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