La subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, confirmó que el Ejecutivo inició las gestiones para cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado chileno por discriminar a la jueza Karen Atala por su orientación sexual.
Esto luego que el Gobierno fue notificado oficialmente del fallo de la Corte, donde además ya publicó en su portal web el fallo íntegro.
Además, la personera aseguró que los decretos para el pago de los U$ 72 mil, unos 34 millones y 500 mil pesos aproximadamente, saldrán desde esta cartera de Estado para ser cancelados por la Tesorería General de la República.
Pérez resaltó que «estamos haciendo las coordinaciones tanto con la Cancillería como con otras autoridades al interior del Ministerio de Justicia para el pago de las indemnizaciones y en materia del resto de las medidas, estamos haciendo las coordinaciones con el Poder Judicial».
Consultada sobre los plazos para concretar las medidas resolutivas del fallo, la subsecretaria Pérez aseguró que «estamos en una etapa preliminar, recién fuimos notificados, yo no adelantaría plazos, ya que estamos en una etapa de estudio y análisis de la sentencia» apuntó la personera.-
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó como medidas reparatorias que el Estado Chileno publique íntegramente el fallo, que se realice un acto público de desagravio y reconocimiento internacional con presencia de autoridades de gobierno y representantes del Poder Judicial, atención médica psiquiátrica y psicológica para las víctimas y el pago de los montos señalados en la sentencia.
La Corte ordenó al Estado cancelar U$ 20 mil a Karen Atala, U$ 10 mil para cada una de sus tres hijas por el daño inmaterial sufrido, U$ 10 mil para el pago de los gastos médicos en que han incurrido y U$ 12 mil por las costas y gastos del juicio.
MINISTERIO DE JUSTICIA LANZA PLAN DE REINSERCIÓN JUVENIL
La subsecretaria fue la encargada del lanzamiento del Plan Jóvenes de 11 medidas para la reinserción juvenil de menores infractores, de entre 14 y 18 años, que se encuentran en centros cerrados y de internación provisoria del Sename.
El plan consta de tres ejes: dignidad, seguridad y reinserción, para cuyo cumplimiento se mejorarán las condiciones de alimentación, habitabilidad, redes húmedas y se implementará un modo educativo especial, entre otras iniciativas.
«La idea es que se cumplan los dos objetivos de la ley, uno de los cuales es la responsabilización de los jóvenes por los delitos que han cometido y la plena reintegración a la sociedad», declaró Patricia Pérez.
El plan que comenzará a implementarse desde esta semana, posee metas para el año 2012 y 2013 y beneficiará a más de 1.300 jóvenes en centros del Sename y a 240 reclusos de las secciones juveniles de Gendarmería.
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