Diputados que presentaron una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, insisten en los fundamentos jurídicos del libelo y confían en que la medida será estudiada en su mérito a pesar de no contar con mayoría en la comisión acusadora que se constituyó para su estudio.
El diputado del Partido por la Democracia (PPD) y coordinador de la acusación constitucional presentada, Rodrigo González, dijo que la elección de tres diputados de la Coalición por el Cambio y de sólo dos de la oposición en la comisión que deberá analizar el libelo presentado contra el ministro de Estado puede afectar «mucho» el futuro de la acción.
No obstante, el parlamentario también se manifestó confiado en los argumentos jurídicos que sustentan la acusación y confía en que la acción prospere en la Cámara.
«La suerte juega un papel pero tenemos confianza en los argumentos y la razón, el fundamento de la acusación constitucional es absolutamente sólido y responde a hechos y argumentación jurídica que es irredargüible y estamos confiados que la Cámara se tendrá que rendir a los argumentos jurídicos y de hecho que tiene la acusación», precisó.
González insistió que en este caso hubo una «infracción abierta en los hechos y conducta reiterada de parte del Ministerio del Interior y de su representante, el ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter». Agregó que en «este caso Carabineros, que es una instancia obediente, ha ejercido en forma indiscriminada un uso desproporcionado de la fuerza, ha utilizado armas que no están autorizadas por el protocolo de Carabineros».
El parlamentario resaltó que Carabineros es una instancia sometida directamente a la autoridad del titular del Interior, por tanto, argumentó que «el ministro es responsable por el uso indiscriminado, por la violencia excesiva que se ejerció en el caso de Aysén».
El legislador anunció que una vez constituida la comisión acusadora, invitarán al abogado constitucionalista Luis Atria, quien redactó el libelo para que entregue la argumentación jurídica a los diputados que deberán pronunciarse sobre la misma. Una vez constituida la comisión, cuentan con un plazo de 10 días para emitir un pronunciamiento y convocar a la sala para que conozca los antecedentes. En este mismo plazo el ministro del Interior puede presentar sus argumentos a la instancia o refutar los fundamentos de la medida el mismo día que la sala sea convocada para pronunciarse sobre la acusación.
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