El diputado Carlos Montes (PS) expresó que la propuesta del Ejecutivo en materia de financiamiento para la educación superior, que fue formulada este lunes, contiene algunos elementos interesantes, pero que deben conocerse todos los antecedentes antes de emitir una opinión más fundada y precisa, «pues es habitual que entre el anuncio y el proyecto concreto se incorpore mucha letra chica», dijo.
El diputado valoró que tal como lo solicitó la Concertación, durante el debate presupuestario, el Ejecutivo se haya convencido de que es necesario que el Estado asuma, a través de una agencia pública, el control del sistema, terminando con el rol que la banca privada ha jugado, pero insistió en que se trata de temas secundarios respecto del valor de los aranceles reales y la calidad de los planteles.
«La brecha entre el arancel de referencia y el efectivo es lo que genera la necesidad de endeudamiento de las familias y lo que le entrega una oportunidad tanto a la banca como a las propias instituciones para el negocio financiero en la educación y sobre eso no hay una solución cabal en lo anunciado», recalcó el diputado.
«No se termina con el crédito bancario si no se supera el desfase entre los aranceles de referencia y los reales», expresó el legislador.
Manifestó que resta conocer con precisión a que se refiere el Ejecutivo cuando señala que las instituciones se harán cargo de la brecha para los alumnos más vulnerables.
«Si este concepto es muy restringido, los sectores medios seguirán endeudándose con los bancos o con las propias instituciones, además de contraer obligaciones con el Estado», agregó.
Montes sostuvo, asimismo, que durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa debe velarse porque los beneficiarios del Fondo Solidario no sufran un retroceso en las condiciones, en materia de porcentaje de las remuneraciones que se debe abonar a la deuda y en la duración de los créditos.
«Se señala que el porcentaje de retorno sería un 10% de los salarios contra el 5% actual y que el plazo de pago se extendería hasta los 15 años, en circunstancias que el actual es de 12 y sólo llega a quince dependiendo de la magnitud de la deuda», explicó el diputado, agregando que ello debe analizarse con detención, tal como ocurre con los denominados créditos Corfo.
El legislador fue categórico en manifestar, además, que todo cambio en el sistema de becas y créditos para la educación superior debe ir de la mano con un riguroso control de la calidad de las instituciones.
«Mejorar las condiciones de financiamiento sin cambiar el mecanismo de acreditación es precisamente favorecer a los planteles más deficientes del sistema estimulándolos a seguir incrementado su matrícula, como lo han hecho en los últimos años», culminó expresando el diputado Montes.
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