El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, afirmó este jueves que el tema de modificar la Reforma Procesal Penal no es nuevo, y que hace un par de semanas se lo plantearon al Presidente de la República, por lo que espera no se trate de una medida de “emergencia”, gatillada por el crimen del barrista de Colo Colo.
“El Presidente sabía desde hace un par de semanas atrás y tenía conciencia clara que la Reforma Procesal Penal necesita un estudio y necesita reformas, de tal manera que no pienso que ha sido la situación puntual, puede haberle traído recuerdo esto e hizo el anuncio, pero creo que el propósito ya era de antes”, dijo Ballesteros tras participar de la sesión en la que se discutió la partida del Poder Judicial en el Congreso Nacional, en Valparaíso.
Sobre el particular aclaró que dicha situación le fue planteada al Primer Mandatario “hace un par de semanas atrás” y por eso insistió en que creía que el anuncio de reformar el sistema procesal penal, no fuera “un asunto de emergencia”, provocada por el caso de Pablo Ávila, el asesino confeso del barrista de Colo Colo, Claudio Lincaqueo San Martín (28), y que en dos oportunidades fue dejado en libertad por los tribunales.
Ballesteros respaldó que se promueva una enmienda de este tipo, pues argumentó en que “las leyes no deben permanecer mucho tiempo sin revisión ni examen”, a la vez que insistió en que no se trata de un tema nuevo, explicando que él forma parte de una Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal instituida por ley, que funciona en el Ministerio de Justicia y en sesiones anteriores los miembros de esa comisión, ya tratamos este tema y comprometimos a los integrantes de la comisión, ir estudiando la normativa, especialmente, respecto de dificultades y problemas que ellos tienen en sus respectivos servicios de aplicación”, dijo el magistrado.
Desestimó además que el anuncio del Presidente sea una queja hacia la judicatura, aclarando que “si el señor Presidente de la República anunció una reforma a la Reforma Procesal Penal, significa que lo que él encuentra que no está bien son las normas de la Reforma Procesal Penal, no la actuación de los jueces, si no, hubiera reclamado a los jueces”. E insistió en que “ninguna ley puede permanecer mucho tiempo sin que sufra una revisión y se modifique lo que haya que modificar”.
Si bien, no quiso pronunciarse en particular sobre el caso del barrista, expresó que los jueces de garantía y de juicio oral cumplen plenamente con el Código Procesal Penal y con los principios que informan el Sistema Procesal Penal nuestro”, el que calificó de muy moderno y garantista, pero negó favorezca a los delincuentes.
Sobre el proyecto anunciado por el Gobierno, comentó que estudiarán la iniciativa, pero adelantó que espera que si se va a hacer una Reforma Procesal Penal, se haga un estudio completo, “no solamente aspectos puntuales como los que se producen por la situación del barrista. Ojala no sea una reforma de emergencia, sea una reforma con un estudio completo al desarrollo de la reforma procesal penal en los casi 12 años de aplicación”.
Ballesteros concluyó señalando que una reforma de este tipo no solamente significa reformar el sistema procesal penal, sino ver qué incidencia tienen las reformas que se propongan con los tratados y convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que contienen principios inmersos en la reforma procesal penal, “entonces no podemos modificar así no más, hay que hacer un estudio muy completo también con la legislación internacional que Chile ha ratificado y que se hace aplicable también en el territorio nacional”.
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