Piden reactivar proyecto que sanciona a quienes niegan violaciones a los DD.HH. tras dichos de Kast
El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Tucapel Jiménez, anunció este miércoles que solicitará a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja reactivar la discusión del proyecto de ley de su autoría que busca sancionar a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.
Lo anterior, debido a los dichos del diputado y secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast, aspirante del gremialismo al Senado por Santiago Oriente, que planteó en una entrevista con The Clinic, que el secuestro y asesinato de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero Ceballos, degollados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) en marzo de 1985, habría ocurrido tras el atentado a Augusto Pinochet, en septiembre de 1986, y no habría correspondido a una acción organizada desde el Estado –por tanto no habría sido un crimen contra los Derechos Humanos-, sino que fue ejecutado por «personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito».
«Si tuviéramos esta ley vigente como en Europa, donde se castiga a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los horrores del Holocausto, el diputado Kast tendría que responder ante la justicia por sus palabras. También tendrían que hacerlo los candidatos presidenciales de la Alianza, Pablo Longueira y Andrés Allamand quienes durante el debate negaron que en nuestro país hubo una dictadura y la calificaron como gobierno militar», afirmó el diputado PPD.
Tucapel Jiménez, hijo del dirigente de los empleados fiscales del mismo nombre asesinado por efectivos del Ejército en 1982, sostuvo que «es realmente repudiable que cada cierto tiempo personeros de derecha salgan con este tipo de declaraciones que lo único que hacen es provocar más divisiones y reabrir heridas. No podemos seguir permitiendo que se sigan riendo del dolor de las víctimas y de los familiares que vivieron en carne propia los asesinatos y torturas ocurridos en este país hace 40 años».
«La Comisión de Derechos Humanos había comenzado a discutir esta iniciativa, e incluso habían sido invitados abogados constitucionalistas a dar su opinión sobre el proyecto. Creemos que ahora más que nunca es necesario tener las herramientas legales para evitar que se siga confundiendo a la ciudadanía, utilizando información errada, y lejana a la verdad histórica de nuestro país», concluyó Jiménez.
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