El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Pedro Muñoz, recalcó este jueves la obligación de los servicios públicos de abstenerse de adquirir bienes y prestaciones de servicios a las empresas sancionadas por prácticas antisindicales, hasta dos años después de la sentencia respectiva.
El parlamentario, autor de la ley 20.238, que impuso la prohibición, señaló que se trata de un castigo para quienes no cumplen la normativa en un área tan sensible como la protección de la organización de los trabajadores, y al mismo tiempo pidió a la Contraloría General de la República que fiscalice el cumplimiento de la normativa.
«El espíritu de esta sanción es que un empresario que no respeta a sus trabajadores no puede ser premiado como proveedor del Estado (…) se busca también, resguardar la libre competencia, toda vez que la equiparidad de condiciones entre los oferentes se ve afectada seriamente cuando algunos de ellos, mediante el uso de prácticas ilegales, consigue mejorar sus propuestas» explicó el senador.
Muñoz señaló que «lamentablemente, el portal de compras Mercado Público no excluye automáticamente a estos prestadores, sino sólo informa de la sanción, lo que dificulta su aplicación», agregando que «también los otros postulantes a una licitación pueden hacer presente esta prohibición, a través de los procedimientos de reclamo».
El legislador culminó manifestando que «durante la vigencia de la normativa se han detectado algunas falencias que están buscando ser corregidas a través de diversos proyectos de ley. Entre ellas señaló la necesidad de incorporar este tipo de sanciones a empresas o entidades que mantienen relaciones con el Estado distintas a la compraventa de bienes y servicios, tales como las empresas operadoras del Transantiago y las sociedades educacionales».
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