El ministro del Interior, Andrés Chadwick, junto a la ministra de Justicia, Patricia Pérez y los senadores Alberto Espina (RN), Carlos Larraín (RN) y Hernán Larraín (UDI) presentaron un nuevo paquete de indicaciones al proyecto de ley sobre reformas al Código Procesal Penal.
El secretario de Estado explicó que las modificaciones, que se presentan este miércoles a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, tienen por objeto contar con herramientas jurídicas más eficaces en la lucha contra la acción de la delincuencia y darle mayor protección a las víctimas de la delincuencia.
Las indicaciones incluyen medidas para el fortalecimiento de las atribuciones de las policías y nuevas atribuciones a los jueces de garantía para dejar en prisión preventiva al imputado de un delito.
Chadwick hizo un llamado a los parlamentarios y a los candidatos presidenciales «que pueden influir en sus distintos sectores», a apoyar estas indicaciones, afirmando que estos son los instrumentos legales, jurídicos que pueden posibilitar que las policías y tribunales sean más eficaces en combatir la delincuencia.
El senador Alberto Espina (RN) dijo que durante los años del gobierno del Presidente Sebastián Piñera cerca de 300 mil familias dejaron de ser víctimas de la delincuencia, sin embargo hay más de un millón 800 mil delitos que se siguen cometiendo en el país.
El parlamentario precisó que el objetivo de las indicaciones presentadas es «entregarle a los jueces, a los fiscales y a la policía, todas las herramientas e instrumentos para que no tengan ninguna excusa que permita que una investigación fracase o que un delincuente capturado quede libre».
El senador Hernán Larraín (UDI) agregó que el conjunto de indicaciones lo que van a permitir es una mayor efectividad en la solución de los casos, y lograr parar la puerta giratoria, si los jueces asumen esta responsabilidad de decretar no como última medida la prisión preventiva.
Entre otras acciones se plantea aumentar las facultades de las policías para practicar de inmediato las primeras diligencias de la investigación de un delito, con el objeto de identificar y detener a los delincuentes.
Junto con ello, se propone facilitar el examen de las vestimentas, equipaje o vehículo de un detenido; incorporar un nuevo caso para que la policía detenga a un delincuente que sea sorprendido en delito flagrante, mediante la utilización de medios fotográficos, visuales o audiovisuales; además de permitir a las policías entrar y registrar un lugar cerrado, sin autorización judicial previa, no sólo cuando haya signos evidentes de que se está cometiendo un delito, sino además cuando se está procediendo a la destrucción de los objetos que se destinaron a cometerlo o los que provienen del mismo.
El Ejecutivo propone además permitir al juez de garantía la suspensión de la primera audiencia judicial por un plazo de dos horas cuando no llega el fiscal, sin tener que liberar de inmediato al detenido. Asimismo, se plantea aumentar las facultades del juez para dejar en prisión preventiva a un imputado permitiendo al juez decretar esta medida cuando lo estime necesario o cuando estime que hay peligro de fuga cuando el imputado registre una o más órdenes de detención, o reiteradas detenciones anteriores.
Upi/so//
