El senador socialista, Camilo Escalona, rechazó las declaraciones del presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, asegurando que son expresiones «anticuadas, atrasadas y anacrónicas».
Esto luego de que el presidente de la Asipes, Luis Felipe Moncada, dijera que la reconversión laboral de los trabajadores del sector debía ser obra del Estado chileno.
«Las declaraciones del señor Moncada, presidente de Asipes, reflejan la antigua y anacrónica posición de un sector del empresariado, en el sentido que las ganancias son para los privados y las pérdidas para el Estado. Esto se revela en su frase cuando señala que la reconversión laboral es responsabilidad del gobierno», dijo el senador.
Además, agregó que «aquí hay un abandono de la responsabilidad social de la empresa, cuando se produce una situación de agotamiento de los recursos, como ha ocurrido con la industria pesquera, producto, precisamente, de la depredación de los mismos recursos por una explotación irracional como ocurrió en los años precedentes, que condujo a que las cuotas descendieran hasta la vigésima parte de lo que en algún momento fueron y que el país ha visto decrecer sus potencialidad de una manera francamente escandalosa y, al mismo tiempo, angustiosa por el daño que esto ha significado al patrimonio nacional».
«Y después de este virtual saqueo de nuestras riquezas pesqueras, corresponde según la filosofía empresarial expresada por el señor Moncada, simplemente que el Estado pague el costo y este asuma ahora la reconversión laboral de los trabajadores que son expulsados de una industria que agotó sus recursos y que ya ve que llegó una etapa de escasa viabilidad para la prosecución de sus actividades productivas», sostuvo.
Punto seguido, manifestó que «desde nuestro punto de vista, no se puede eludir la responsabilidad social de la empresa que debiese también estar en la obligación de aportar y de contribuir activamente a que los trabajadores, especialmente aquellos que tienen calificación y que tienen un sueldo relativamente alto y cuyas condiciones laborales se van a ver completamente perjudicadas por la situación de crisis que vive la pesca industrial, este sector debiese ser el primero en ponerse a disposición de una política pública nacional, en que se articulen los esfuerzos tanto del Estado como del sector privado, con el propósito de evitar las penurias sociales que en este momento amenazan a sus trabajadores».
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