El candidato a senador por Santiago Oriente del pacto Nueva Constitución Para Chile, Luis Mariano Rendón, solicitó este jueves a la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, cursar una infracción ante el tribunal competente en contra de las candidatas presidenciales Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, y contra cualquier otra candidata o candidato que vulnere la legislación electoral.
Rendón manifestó que «hacer propaganda ilegal constituye una actitud antidemocrática, un verdadero fraude al proceso electoral. La norma que establece un plazo de campaña tiene como objetivo lograr una cierta igualdad entre los candidatos, pues campañas más largas implican mayores recursos y si es así, entonces el poder del dinero termina de tomarse el proceso de decisión ciudadana».
El activista ecologista felicitó la decisión del Municipio de Providencia de retirar la propaganda electoral de las calles, aunque explicó que «creemos que con eso se está sentando un precedente que puede ser muy útil en el mejoramiento de esta precaria democracia, en la seguridad en las calles y en el resguardo del ambiente. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el procedimiento ad-hoc que ha creado la Municipalidad consistente en devolverle los carteles a los infractores, cobrando solo alguna suma que compense los gastos del retiro».
«Ese procedimiento sui generis no es legal. Lo que la ley señala es que se debe cursar la infracción ante el Juzgado de Policía Local, el que puede imponer una multa entre 1 y 20 UTM, las que van a beneficio municipal, y que los elementos de propaganda deben ser decomisados. Si estas verdaderas bandas electorales continúan incumpliendo la ley, es posible presentar una denuncia al día y de esa forma lograr efectivamente erradicar de las calles su actuar ilegal», agregó Rendón.
Finalmente, el candidato al senado planteó que «la ley debe ser pareja para todos. Si un ciudadano común y corriente comete una infracción y es sorprendido, resulta sancionado. Lo mismo debe ocurrir con candidatas a la presidencia de la República. No puede haber personajes privilegiados para los cuales se creen procedimientos especiales más suavizados. No podemos tener una institucionalidad para la generalidad de las personas y otra para los encumbrados. Así lo he conversado con concejales de Providencia y se lo he planteado formalmente a la alcaldesa».
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