La ministra de Justicia, Patricia Pérez, se refirió este sábado a la muerte, mientras gozaba de un beneficio carcelario de salida de fin de semana, del retirado general del Ejército, Odlanier Mena, quien era uno de los diez internos que debía ser trasladado a Punta Peuco ante el cierre del Penal Cordillera.
La secretaria de Estado confirmó que el suicidio de Mena ocurrió en el domicilio del militar y que «las circunstancias específicas están siendo investigadas por la Fiscalía y los organismos auxiliares».
«Los antecedentes preliminares de que disponemos dan cuenta que en este hecho no habrían participado terceras personas, sino que se trataría específicamente de un suicidio y por lo tanto toda circunstancia de esta naturaleza que implique el fallecimiento de una persona debe ser esclarecido por los organismos pertinentes, la Fiscalía junto con sus organismos auxiliares», dijo la ministra.
Respecto al beneficio carcelario que gozaba el militar condenado, la secretaria de Estado explicó que se trata de un «beneficio al cual pueden optar todos los internos que cumplen con los requisitos que establece el reglamento penitenciario», añadiendo que éstos incluyen un conjunto de antecedentes psicológicos y sociales.
La ministra Pérez señaló que respecto al traslado de los reclusos a Punta Peuco «será Gendarmería de Chile el organismo técnico que evalúe el momento oportuno para que esto tenga lugar, dado que se deben cumplir una serie de protocolos técnicos».
Odlanier Mena, quien acusó a Manuel Contreras de intentar envenenarlo y lo calificaba de una de las personas que mas daño le hizo al Ejército, estaba condenado por una operación de encubrimiento por la muerte de los militantes socialistas Óscar Ripoll, Manuel Donoso y Julio Valenzuela, quienes fueron secuestrados el 9 de octubre de 1973 y fallecieron el 20 de ese mismo mes, cuando Mena era el comandante del regimiento de Rancagua, en Arica, en un hecho que fue informado como un supuesto accidente de un vehículo militar.
El oficial reconoció que durante 1978 hubo una operación militar para exhumar restos de ejecutados políticos en todo el país, hecho que fue conocido como la Operación Retiro de Televisores y que se constituye en una de las acciones más repudiables de la dictadura al asegurarse con ello la desaparición de miles de víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos.
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