Por 22 votos a favor y dos abstenciones, los senadores rechazaron varios de los artículos de la normativa que regula la actividad del lobby, por lo que la iniciativa deberá continuar su tramitación en Comisión Mixta, instancia en la que se espera resolver las discrepancias en torno al proyecto.
La unanimidad de los parlamentarios rechazaron los artículos 4°, 6°, 9°, 13° y segundo transitorio, debido a las diferencias que mantienen los senadores con la normativa aprobada en la Cámara de Diputados.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, solicitó a los senadores la aprobación mayoritaria del proyecto y dejar para Comisión Mixta la discusión de aquellas materias en la que aún no hay consenso.
Estas normas se refieren principalmente a la instancia encargada de llevar el registro central de lobbistas, la transición del proyecto del ley y la aplicación misma del texto, precisó el secretario de estado.
Larroulet comentó que «no hay ninguna duda que aquí estamos en presencia de un debate muy importante», que hace diez años se está discutiendo en el país.
Destacó que la normativa forma parte de conjunto iniciativas que apuntan en la dirección de la transparencia y específicamente, en buscar recuperar la confianza en instituciones públicas fundamentales como son el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y todas las instituciones fundamentales del país.
La autoridad precisó que la normativa propuesta pone el énfasis en la transparencia, porque afirmó que la transparencia, «es el mejor antídoto contra la corrupción, la transparencia es el mejor mecanismo para darle legitimidad y confianza al rol de las instituciones públicas».
Larroulet destacó que el proyecto, define lo que es lobby, define lo que es la gestión de intereses particulares, obliga a transparentar agendas públicas a funcionarios, ministros, subsecretarios, jefes servicio, directores regionales de los servicios públicos, intendentes, gobernadores, entre otros, y también a quienes son autoridades de otros poderes del Estado, Contraloría, Banco Central, FFAA, Congreso Nacional, etc.
«Damos un paso muy importante en el sentido que estos sujetos pasivos van a tener que dar a conocer las reuniones que tengan con personas o instituciones que persigan hacer un lobby, una gestión de interés con fines remunerados o una gestión de intereses con fines no remunerados, que también van a tener que estar en esa agenda pública de todas las autoridades públicas del país».
El texto establece también un registro, lugares donde la ciudadanía podrá informarse respecto de quienes son los sujetos que realizan la actividad de lobby, es decir, los sujetos activos y a qué sujetos pasivos se le están realizando. También se establecen sanciones, mecanismos de procedimiento y de fiscalización para cada una de estas instituciones que tienen la obligación de informar sobre su rol de sujetos pasivos, concluyó.
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