La Fundación Defendamos la Ciudad instó a los integrantes de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados a que «asuman sus roles fiscalizadores» y se constituyan como instancia investigadora ante el decreto del ex ministro Rodrigo Pérez que fue publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2013 y que modificó diversas materias contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Además la organización valoró «la honesta decisión de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, quien resolvió dejar sin efecto el polémico y hasta burlesco decreto».
Defendamos la Ciudad recordó que este decreto de la administración de Sebastián Piñera «fue calificado como un traje a la medida de algunos proyectos inmobiliarios de alto impacto».
El presidente de la fundación, Patricio Herman señaló que «tan pronto conocimos ese acomodaticio Decreto, firmado por el ex Presidente Piñera, nos dirigimos por escrito a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, solicitándole una investigación conforme a las atribuciones fiscalizadoras que tienen los diputados, ya que ese acto administrativo no obedecía a ninguna lógica. Después de leer el contundente reportaje ‘El asesor del Minvu que instaló leyes de amarre que favorecen negocios inmobiliarios’, publicado el 24 de febrero de 2014 en Ciperchile, quedó en evidencia la trama urdida por la administración anterior para facilitar la consecución de negocios al margen de las sanas prácticas que se deben observar en el aparato público y por ello el ex Presidente quería que sus funcionarios borraran de los computadores los correos electrónicos que podrían ser comprometedores».
«Valga la ocasión para decir que nunca conocimos la decisión adoptada por la mencionada Comisión de la Cámara de Diputados y visualizamos, por este hecho, que el gobierno actual está empezando a hacer bien las cosas en este sector. Pero para evitar la acostumbrada impunidad que se observa en Chile en este ámbito de materias, sería necesario que los nuevos diputados que están ejerciendo sus cargos desde el 11 de marzo pasado, asuman sus roles fiscalizadores y sin timidez conformen una Comisión Investigadora para que se conozca la motivación que tenía el ex ministro Pérez Mackenna para tramitar ese caprichoso Decreto 1», expuso.
El colectivo ciudadano, a través de su presidente Patricio Herman, del arquitecto Jonás Figueroa y del abogado Gustavo Cruzat, se entrevistó ayer jueves con el arquitecto Pablo Contrucci, nuevo jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, para abordar el tema.
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